Muerte cruzada: las medidas cautelares podrían modificar el escenario político

Una carrera contra el tiempo. Aunque las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra del decreto de la muerte cruzada buscan ser una salida al escenario planteado por el presidente Guillermo Lasso, su admisibilidad aún está sujeta a un largo procedimiento.

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El 17 de mayo de 2023, tras varios meses de coquetear con la idea, el mandatario suscribió el Decreto Ejecutivo 741 que dicta la disolución de la Asamblea Nacional y dispone al CNE que convoque a elecciones presidenciales y legislativas anticipadas.

Las cinco acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra del decreto de la muerte cruzada, según explica el exjuez constitucional Antonio Gagliardo, están sujetas al trámite previsto en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

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El procedimiento a seguir, según añade, está descrito desde el artículo 77 de dicha norma y establece sus tiempos. Uno de los primeros pasos, la admisibilidad a trámite, puede tardar hasta quince días laborables, mismos en los que se agotan algunas diligencias del proceso.

Actualmente, cuatro de las cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas han sido sorteadas a los jueces de la Corte Constitucional para que analicen su admisibilidad. Según explica Gagliardo, esto no implica que las acciones hayan sido ya admitidas a trámite y, además, señala que al todas ser de la misma naturaleza, deberían unificarse las acciones.

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La etapa de admisibilidad, según continúa Gagliardo, es importante porque, dependiendo de cómo se tramite las demandas, los tiempos podrían cambiar. "La Corte Constitucional no puede resolver esto en dos o tres días, salvo que se concedan medidas cautelares", señala.

En el panorama bosquejado por el exjuez constitucional, los efectos de la muerte cruzada quedarían suspendidos y la Asamblea Nacional podría reestablecer sus funciones. Esto también implica que se continúe con el juicio político en contra del primer mandatario.

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Sin embargo, según aclara, en el escenario contrario, es decir, que se admitan a trámite las acciones de inconstitucionalidad, pero sin medida cautelar, "el proceso en la Corte podría demorar meses y hasta años".

Esto, según explica Gagliardo y se puede observar en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque el procedimiento contempla comparecencias, audiencias, proyectos de sentencia y la deliberación y votación de los jueces constitucionales.

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Ante este escenario, recuerda que el tramite demoraría más allá del 24 de mayo de 2023, fecha en que el Consejo Nacional Electoral prevé convocar a las elecciones anticipadas, y que en concordancia con la Constitución y el Código de la Democracia, nadie, ni la propia Cote Constitucional, podría intervenir en el nuevo proceso electoral.