Un ‘tufillo’ que para algunos se va materializando. La incertidumbre sobre el futuro del Gobierno del presidente Guillermo Lasso hizo que el 28 de marzo de 2023 suene con fuerza la posible activación del mecanismo de disolución de la Asamblea Nacional, también conocido como ‘muerte cruzada’.

La posibilidad se instaló en el debate desde las primeras horas, cuando en un comunicado el Partido Social Cristiano (PSC) aseguraba que si la Corte Constitucional (CC) admite continuar con el juicio político, el mandatario no podría acudir a esta figura contemplada en la Constitución.

Eso fue rápidamente refutado por abogados y los propios legisladores, algunos de los cuales reconocieron que a muchos de sus colegas les inquietaba, cada vez más, que con un decreto se les “mande a la casa”.

“Adentro (en el pleno), créame que están preocupados todos por la muerte cruzada... (No sé si les preocupa) la estabilidad de ellos o la estabilidad del país”, decía el asambleísta socialcristiano Jorge Abedrabbo.

En el Legislativo hay criterios divididos sobre el tema. Asambleístas como el independiente Fernando Villavicencio o Alejandro Jaramillo, de una de las facciones de la Izquierda Democrática (ID), creen que es hora de que Lasso eche mano de esta facultad.

“Tenemos que irnos todos a la casa, eso es lo que está pidiendo la gente: que la Asamblea Nacional se disuelva y el presidente Lasso ponga la renuncia y se vaya de este desgobierno que está viviendo el pueblo ecuatoriano”, señaló Jaramillo.

Pero el mecanismo no funciona así. Si se recurre a la disolución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) en siete días deberá convocar a elecciones presidenciales y legislativas. Hasta que se desarrolle el proceso y se posesionen las nuevas autoridades, Lasso puede gobernar por decretos de ley, previo dictamen de la Corte Constitucional.

Para el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, aunque esta posibilidad está contemplada en la Constitución, el “deterioro” de la imagen del Gobierno haría que aplicarlo se convierta en un proceso “dictatorial”.

“Nosotros hemos dicho cuál sería el proceso menos traumático, el que menos impacto tendría, y es el juicio político”, señaló el dirigente indígena, que no descartó que en las calles se exprese el malestar ante una posible muerte cruzada.

La calma llegó desde la otra orilla. Una fuente del Gobierno le dijo a EXPRESO que si bien esa es una herramienta que está a la mano del presidente, “hoy (ayer) no es algo que vaya a pasar”.

En la misma línea se pronunció el jefe de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), Juan Fernando Flores, que hizo un llamado a sus colegas de la Asamblea a que se queden tranquilos porque, aunque está permitido por la ley, “la muerte cruzada es cumplir el capricho de quienes pretenden que adelantemos elecciones y no asumamos las responsabilidades que nos dieron los ecuatorianos”.

Nerviosismo

En horas de la tarde del 28 de marzo hubo incertidumbre por informaciones no oficiales en el sentido de que la Corte Constitucional admitió el pedido de juicio político contra Lasso. EXPRESO pudo confirmar que el pleno del organismo no se había reunido para decidir sobre el proyecto del juez Richard Ortiz.

Requisitos

El decreto del presidente disponiendo la muerte cruzada no es suficiente. Debe haber un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Además, cumplir causales como que la Asamblea se haya arrogado funciones que no le competen, si obstruye el Plan de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.