Un dictamen para nada inesperado. El presidente Lenín Moreno anunció ayer que acatará la decisión de la Corte Constitucional (CC), que declaró inconstitucional el último decreto de estado de excepción emitido el 21 de diciembre pasado. El mandatario anticipó que este mes habrá un “natural” incremento de contagios a causa de las aglomeraciones de finales de diciembre.

El anuncio se produjo horas después de que siete de los nueves jueces constitucionales llegaran a la conclusión de que no era necesario decretar un régimen especial, para que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y sus similares locales dicten medidas restrictivas encaminadas a frenar la propagación de la COVID-19.

El pronunciamiento de Moreno, sin embargo, llegó sin mayores explicaciones sobre qué sucederá con las limitaciones de movilidad, el toque de queda, la ley seca o la prohibición de acudir a las playas, que estaban contempladas dentro del decreto. No fue el único que dejó esta incógnita en el aire. En la tarde el COE hizo públicas las resoluciones de una reunión de emergencia, pero no absolvió todas las dudas. Por ejemplo, sobre los números de placas que podían circular el domingo.

El jurista Esteban Ron considera que la declaratoria de inconstitucionalidad era “un tema cantado” si se toma en cuenta que, en su resolución de septiembre pasado, la Corte Constitucional ya había adelantado que no iba a permitir una nueva declaratoria de estado de excepción bajo los mismos argumentos relativos a la pandemia.

Otra duda que se generó entre los ciudadanos es qué pasará con las multas y sanciones que se aplicaron mientras el decreto presidencial estuvo vigente. “La ley nos dice que las sentencias rigen hacia el futuro y al no existir en el dictamen una disposición de retroactividad, todas las multas y sanciones que se dieron durante la vigencia del estado de excepción se mantienen”, señaló Ron a EXPRESO.

Los cuestionamientos tras la resolución de la CC no terminaron ahí. El pleno de la Corte tomó la decisión el 27 de diciembre pasado, sin embargo, lo hizo pública recién la noche del 2 de enero, cuando las restricciones ya se habían ejecutado en Navidad y fin de año.

El constitucionalista Ismael Quintana tiene dos lecturas para esta decisión: una más política que haría pensar en un acuerdo entre las dos instancias para que la Corte se pronuncie una vez que pasen los días en los cuales al Gobierno le interesaba aplicar las medidas para tratar de evitar contagios.

“Dentro de lo jurídico no es de asombrarse con lo ocurrido. Quienes hemos litigado en la Corte Constitucional sabemos que luego de tomada una decisión puede tardarse meses, semanas y en, el mejor de los casos, días para notificar la decisión. Eso ocurre cuando hay votos salvados, como en este caso”, puntualizó Quintana.

En un breve mensaje, Moreno reconoció ayer que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) “se encuentran al borde”. Llamó a los COE cantonales a tomar decisiones alineadas con el COE Nacional y también a la “conciencia ciudadana”, que considera es más importante que las gestiones que puedan hacer las autoridades en este momento.

Definiciones

El COE Nacional dará a conocer hoy, a las 09:00, las resoluciones que adoptará luego de la sentencia de la Corte Constitucional.