La ministra Brown, en la orilla de su juicio político

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La ministra Brown, en la orilla de su juicio político

La Asamblea evalúa iniciar el proceso por la consulta al procurador sobre las reformas a la LOEI. Las bancadas a favor exigen respeto a lo promulgado

MINISTRA DE EDUCACION MARIA BROWN LOEI
El 28 de julio de 2022, la ministra Brown recordó que el Ministerio de Educación realizó mesas de trabajo con los gremios de docentes. A pesar de destacar la importancia del nuevo escalafón docente, ni la ministra ni el viceministro de Educación mencionaron la consulta al procurador.CORTESÍA

La idea ronda en el hemiciclo Legislativo. Luego de que EXPRESO publicara la intención del Ministerio de Educación de levantar una consulta al procurador general del Estado sobre la equiparación salarial, asambleístas han expresado su respaldo al pedido de los gremios de maestros sobre el enjuiciamiento político de la titular del Ministerio de Educación, María Brown.

“Nos preocupa la personalidad bipolar del Gobierno. Se quiere el diálogo, (...) pero se busca dar la vuelta, la quinta pata al gato a lo ya pronunciado”, dijo a este Diario el jefe de bancada de Izquierda Democrática (ID), Marlon Cadena.

ProcesoLuego de varios recursos presentados por el Ejecutivo, el 28 de julio pasado se publicó las reformas de la Ley de Educación en el Registro Oficial.
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“Si hubiera una perspectiva de Gobierno, no habría la necesidad de bloquear estos avances”, continúa Cadena e indica que si se desconoce, bloquea o interfiere con el ejercicio del Legislativo, “nosotros tenemos que sumarnos (al juicio político)”. Asimismo, dijo que “alguien debe decirles (al Gobierno) que así no se construye política pública”.

Este Diario intentó comunicarse con la jefa de bancada de Unión por la Esperanza, Marcela Holguín, y del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, sin embargo ninguno atendió las consultas planteadas.

La legisladora de UNES y miembro de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, Mariuxi Sánchez, a través de su equipo de comunicación, indicó que esperarán los 90 días transitorios para evaluar la opción del juicio político. Sin embargo, hizo hincapié en que “si no lo hacen, claro que iríamos a control político para la ministra”.

Nosotros (los asambleístas) debemos defender el trabajo que hacemos. Si hay alguien que desconoce, bloquea o interfiere (...), tenemos que sumarnos (al juicio político).

Marlon Cadena, jefe de bancada de Izquierda Democrática

EXPRESO se comunicó con Educación para actualizar el estado de la consulta y, aunque el equipo de comunicación de la cartera de Estado indicó en un principio que “se está preparando la información para hacer la consulta”, horas después le señaló a la legisladora Sánchez que “no hará la consulta” al procurador.

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Pronunciamiento que dista de las declaraciones del viceministro de Gestión Educativa, Andrés Chiriboga, que días atrás confirmó se consultaría a la Procuraduría General del Estado sobre la aplicación de la equiparación salarial de los docentes sin título de tercer nivel en Educación.

Sobre esto, el jefe de bancada de Pachakutik, Salvador Quishpe, indicó que “el Gobierno no puede estar encontrando algún argumento para discriminar por el tema de los títulos (de los profesores)”. Además, recordó que los docentes “tienen sus derechos adquiridos” y que “eso nadie puede ir y desconocerlos”.

La equiparación salarial incluye a todos ellos (los docentes). Vamos a estar vigilantes del cumplimiento de la Ley de Educación integralmente. Si se interfiere, habrá el control político.

Salvador Quishpe, jefe de bancada de Pachakutik

A diferencia de Cadena, Quishpe señaló que, primero, pedirán al Ministerio que cumpla con la totalidad de las reformas a la Ley de Educación. Sin embargo, también destacó que “si no cumple, encuentran pretextos, formas para dejar a un lado a algunos de los docentes del magisterio, (...) eso claro que será motivo de fiscalización y control político. Indudablemente”.

Desde la aprobación de las reformas a la LOEI en marzo de 2021, su aplicación ha sido bloqueada por varias demandas de inconstitucionalidad. Una de las últimas fue presentada por el presidente Lasso que, en su argumentación, indicó que el nuevo escalafón docente no contaba con las fuentes de financiamiento y que esto ponía en riesgo las cunetas fiscales del país.