Ejecución sin excusas es lo que pide el magisterio al Ministerio de Educación, ante la publicación de las reformas a la Ley de Educación en el Registro Oficial. Exigencia motivada por una consulta que la cartera de Estado hará a la Procuraduría General del Estado sobre la equiparación salarial de los docentes con título.

Acción que, según los gremios, demuestra la displicencia del Gobierno para acatar lo aprobado por la Asamblea Nacional y ratificado por la Corte Constitucional. Aunque dicen que esperarán los 90 días transitorios que contempla la reforma, adelantan que ya analizan vías jurídicas para “garantizar lo ganado” para los maestros.

“Son leguleyadas”, dice el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Guayas, Hilario Beltrán, y recuerda que Educación “no viene cumpliendo desde 2021, cuando se aprobó la ley y la Corte ratificó su constitucionalidad”. También adelanta que para el 19 de agosto próximo está previsto que la UNE proteste.

Por su parte, el exlegislador constituyente y docente Jorge Escala señala que Educación “busca interpretaciones para evitar cumplir la ley, sabiendo que todos los recursos están agotados”. También destaca que ellos (el Gobierno) “siempre fueron detractores de la Ley de Educación”.

Agrega que la ministra de Educación, María Brown, “intenta confundir la equiparación con la homologación salarial y el ascenso de categoría. No creo que la ministra no sepa la diferencia” entre las tres cosas.

Posición que también comparte el presidente de la Federación Unionista de Trabajadores de la Educación (FUTE), Bolívar Potes, quien señala que “son dilatorias para no cumplir con las reformas a la LOEI”.

Asimismo, ratificó que “todos los sueldos de los docentes deben ser equiparados” sin discriminación.

Por su parte, el viceministro de Gestión Educativa, Andrés Chiriboga, manifestó a EXPRESO que “el Ministerio de Educación no tiene alternativa (...) la Constitución nos manda a cumplir la ley y es esta” que aprobó la Asamblea.

Sin embargo, sobre la consulta, Chiriboga explica que “la ley no dice que los docentes con título de tercer nivel tienen que ser inmediatamente homologados” y que, a miras de “pagar a quien lo merece”, realizan la pregunta al procurador general del Estado, Íñigo Salvador.

Además, sobre los reclamos de la Unión Nacional de Educadores, el viceministro señala que la cartera de Estado trabaja con 13 de los 15 gremios de docentes en el país y que hay otros que “tienen una clara agenda electoral (...) y mantienen posiciones” rígidas.

Por su parte, tanto Beltrán como Escala coinciden en que las acciones de la ministra deben “ser conocidas por la Asamblea”. No obstante, Escala señala que las decisiones de la ministra Brown ya debieron ser motivo para un juicio político.