El crimen organizado transnacional usa embarcaciones pesqueras para el tráfico de drogas y personas, según alertó la Interpol. La pesca ilegal, considerada la tercera actividad ilícita más lucrativa después del narcotráfico y el tráfico de armas, esconde otros delitos que no son controlados por suceder en altamar.

Por más de 20 años, el argentino Milko Schvartzman, responsable del programa de conservación y pesca del Círculo de Políticas Ambientales, una oenegé que promueve el fortalecimiento de la agenda política ambiental, ha investigado a la flota pesquera extranjera que opera en los límites de las zonas económicas exclusivas de Ecuador, Argentina, Brasil, Perú y otros países. Schvartzman ha registrado la violación a los derechos humanos y los crímenes que suceden en esas embarcaciones.

Se cree que al hablar de pesca ilegal nos referimos solo al cuidado ambiental, ¿pero qué otros delitos suceden en estas embarcaciones?

La pesca ilegal no declarada y no reglamentada está asociada a otras actividades ilícitas que tienen relación con el crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de armamento, la contaminación, el narcotráfico. Hace casi una década descubrí problemas gravísimos, como el abuso a los derechos humanos a bordo, la muerte a bordo de tripulantes, la semiesclavitud.

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¿Hay algún caso emblemático que recuerde?

En 2014, en Uruguay, de un barco chino escaparon 28 tripulantes africanos. Ese caso fue llevado a la justicia. Los tripulantes tenían marcas de grilletes en los tobillos, los golpeaban, estaban mal alimentados y tenían enfermedades, como tuberculosis, sin tratar. En cinco años, según datos de la Armada de Uruguay, los pesqueros extranjeros descargaron un tripulante fallecido cada mes.

Para que estas flotas permanezcan en alta mar necesitan recursos. En Ecuador se ha denunciado que los pesqueros locales les proveen combustible o vituallas. ¿Esto sucede en otros países?

El único caso que conozco es el de Ecuador. Ni siquiera en Perú o Uruguay, donde los puertos reciben a estos barcos. En Brasil, Argentina y Chile hay un rechazo muy grande de las flotas locales. Tengo registrado que, hasta 2019, los barcos de una empresa petrolera ecuatoriana brindaban el combustible a la flota china.

Otros delitos a bordo son el narcotráfico y el tráfico de armas. ¿El uso de las embarcaciones pesqueras con estos fines es reciente? ¿Hay complicidad de estos barcos con el crimen organizado que opera en los países latinoamericanos?

- En Sudamérica no hay muchos casos registrados o públicos. No se han detectado porque, al estar en aguas internacionales, es muy difícil que pueda intervenir una embarcación de control nacional, pero sospechamos que ocurre lo mismo. Lo que sí se ha demostrado es que hay embarcaciones pesqueras chinas que son utilizadas con fines militares o geopolíticos. Muchas de las embarcaciones que pescan frente a Galápagos pertenecen al Estado nacional chino.

¿Hablamos de espionaje?

Hacer investigación y espionaje a nuestros países puede ser otro aspecto ilícito en el que pueden ser empleadas estas embarcaciones.

Recientemente Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo para que las Armadas puedan intervenir cuando una embarcación sospechosa se dirige a sus países. ¿Cuán útiles son estos instrumentos?

Son muy positivos, pero los acuerdos bilaterales son muy limitados. Hay que buscar acuerdos multilaterales regionales.

China es uno de los financistas más importantes de varios países de Latinoamérica, y algunos países como Panamá entregan sus pabellones a embarcaciones denunciadas por pesca ilegal. En ese contexto, ¿es posible concretar acuerdos que solucionen el problema?

La voluntad política es fundamental y es la principal falencia. Ecuador y Argentina son los países más endeudados con China. Panamá da la bandera de conveniencia a barcos con prontuarios depredadores. Uruguay y Perú dan apoyo logístico en sus puertos. Todos los países tienen un grado de responsabilidad. Un acuerdo multilateral es una de las soluciones.

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