La teniente política de Nayón, Nancy Ruiz, otorgó "medidas administrativas de protección para detener y/o prevenir la violencia contra la mujer" a la vocal del Consejo de la Judicatura Maribel Barreno, en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

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Barreno, junto con el vocal Juan José Morillo y el juez de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor, son investigados por la Fiscalía por un posible tráfico de influencias.

Referente a este hecho, la Fiscalía reaccionó a través de un comunicado y calificó de ilegal la resolución. 

"El ejercicio de las atribuciones que ostenta el ente persecutor oficial del Estado, como el procedimiento de notificación de inicio de una investigación previa, que por mandato legal le corresponde cumplir, de ninguna forma se subsume en algún tipo de violencia de género, pues claramente este concepto no engloba el ámbito del ejercicio de las funciones y competencias constitucionales que posee la Fiscalía General del Estado", señaló la institución tras citar la definición de violencia de género, según la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia.

También comunicó que solicitará al órgano jurisdiccional la revocatoria, conforme contempla el último inciso del articulo 56 de la misma Ley.

La investigación contra Barreno, Morillo y Jhayya se refiere a la posible presión que habrían recibido los jueces que conocieron una acción de protección de junio de 2022, presentada por Guadalupe Llori, entonces presidenta de la Asamblea, y con las que pretendía frenar la destitución de su cargo.

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