La lista de ‘dolencias’ de la empresa estatal Petroecuador es amplia, pero hay señales de mejora. Dos de sus principales problemas podrían corregirse en el primer semestre de este año porque ya hay pasos concretos. Con los cambios, que son más administrativos que técnicos, la petrolera podría incluso iniciar la ofrecida fusión con la otra estatal del ramo, Petroamazonas.

Ambas anomalías están atadas. La primera es que Petroecuador tiene por 90 días más, desde el 17 de febrero, un seguro multirriesgo proporcionado por la empresa de capital público Seguros Sucre. Esa prolongación del contrato original, firmado en 2014, representa una complicación porque la adjudicación no ha sido sometida a un concurso exitoso por varios años.

Una vez que esa extensión de contrato termine, en mayo, la petrolera podrá contratar una póliza por menor precio y con mayores beneficios.

Esto porque, desde 2016, Petroecuador no tiene las mejores condiciones para acceder a un seguro competitivo. En 2016 se hizo la última revisión completa de los estados financieros de la empresa pública. Desde esa fecha, ningún experto de renombre estuvo dispuesto a firmar una inspección de lo que tiene Petroecuador.

En otras palabras, tal como informó EXPRESO a inicios de año, la empresa no sabe qué tiene o a cuánto ascienden sus cuentas por cobrar.

Por eso, ningún proceso de adjudicación de un seguro completo ha terminado correctamente. ¿Cómo asegurar a una empresa si no se conoce el valor de sus bienes?

Este Diario conoció que el nuevo concurso de adjudicación se presentaría ante el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) a finales de este mes. Internamente, Petroecuador ya está trabajando en los términos de referencia.

Pablo Flores, gerente general de la estatal, confía en que el nuevo concurso signifique un ahorro. Esperan que haya ofertas de más de una empresa.

¿Pero cómo se adjudicará el contrato de seguro multirriesgo (que en 2014 fue de 33,9 millones de dólares) si aún no hay los estados financieros auditados y firmados? Ese es el segundo problema.

Este año Petroecuador inició un concurso para la contratación de una auditora externa que pueda valorar los activos y pasivos de la empresa. Se busca, dicen las autoridades, una firma internacional que garantice calidad y veracidad.

Durante el gobierno anterior, explicaron los técnicos, se adjudicaron estos contratos a empresas que ahora ni siquiera existen.

Petroecuador incluso tiene un cronograma de actividades que la auditora contratada debe cumplir. Todo está planificado para que las auditorías permitan transparentar datos para la contratación de seguros y otros servicios.

Si la programación de Flores se cumple, el 11 de marzo de este año se tendría adjudicada la primera gran valoración de bienes de Petroecuador en casi un lustro. La estatal pidió que el primer informe entregado se relacione con los terrenos que existen en varias provincias del Ecuador. Petroecuador posee bienes en Costa, Sierra y Amazonía.

El segundo informe, que será adjudicado en fechas similares, es uno de los que más preocupan. La empresa adjudicada tendrá que valorar cuánto cuestan las refinerías que tiene el país. Ese precio llama la atención porque durante la administración correísta fueron sujeto de contratos irregulares.

Con las estaciones de servicio se completarán adjudicaciones más importantes. Esos documentos contarán con firma de respaldo.

EL AJUSTE TAMBIÉN PASA POR LA REDUCCIÓN DEL GASTO Y DE PERSONAL

En 2019, Petroecuador inició un plan agresivo de reducción de gastos. En sus egresos corrientes, sin embargo, no hubo una variación mayor.

Las autoridades destacan, pese a las cifras, que no existió un incremento elevado de cifras (ver cuadro).

En donde sí hubo un recorte fue en el número de empleados. Petroecuador evidenció, en su informe estadístico anual, que redujo 521 plazas de empleo entre enero y diciembre del año pasado, en comparación con 2018.

Pablo Flores, gerente general, explicó que hay un plan completo de optimización de todas las cifras posibles. En el programa se incluye la reducción de compras y la utilización del régimen común en la adjudicación pública. Durante el gobierno anterior, el mecanismo más utilizado fue el de régimen especial, el cual carece de transparencia.

La salida de 521 personas no significa, sin embargo, que todos fueron desvinculados. Algunos se jubilaron o renunciaron voluntariamente.