En suspenso, así continúa la situación jurídica del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Tuárez Zambrano. La Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas no se pronunció con el veredicto del recurso de apelación a la sentencia que se emitió en contra del exfuncionario, por el presunto delito de asociación ilícita para tráfico de influencias por la venta de cargos públicos.

La Sala, integrada por los jueces Juan Paredes (ponente), Fabiola Gallardo y Carmen Vásquez, pospusieron -por segunda ocasión- la lectura del veredicto, que estaba prevista para esta mañana del miércoles 30 de diciembre de 2020. Según se conoció, los magistrados aún siguen leyendo el expediente, por ser voluminoso.

Tuárez apeló la sentencia que, el pasado 17 de agosto de 2020, dictó el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil y que lo condenó a cinco años de privación de libertad, la pérdida de sus derechos de ciudadanía por el mismo periodo, y una multa económica.

El pasado 21 de diciembre, la Sala desarrolló la audiencia para conocer el fundamento del recurso, así como la apelación que presentó la procesada Renata Jalkh, quien no estuvo de acuerdo con la sentencia que le impuso la jueza Marcela Ortega, dentro de un procedimiento abreviado.

Los magistrados convocaron para el pasado 28 de diciembre a las partes, para dar a conocer el veredicto, pero suspendieron la diligencia, que fue convocada para esta mañana, pero también se la pospuso.Hasta el cierre de esta edición no se había indicado nueva fecha y hora.

Tuárez permanece detenido desde el 28 de noviembre de 2019, fecha en que se ejecutó el operativo Emperador, para detener a los integrantes de una presunta red delictiva que supuestamente traficaba con la venta de cargos públicos o contratos en diferentes entidades como: el Ministerio de Salud, Aviación Civil, Aduanas, por valores que oscilaban entre los 5.000 y 500.000 dólares. Los pagos también se hacían hasta con barras de oro, según expuso el fiscal César Suárez, quien investigó el caso, en la audiencia de juicio que se desarroló contra apenas cuatro de los 32 detenidos a quienes se les siguió el proceso ordinario.

Un grupo fue absuelto mientras doce procesados se acogieron al procedimiento abreviado, tras reconocer la culpa. La jueza Marcela Ortega, de la Unidad Judicial Penal Valdivia Sur de Guayaquil, quien conoció la causa, los condenó a doce meses de cárcel. Sentencia que algunos ya han cumplido y recobraron la libertad. Entre ellos, Luis Loyo Brusil, exdirector nacional de procesos del Consejo Nacional Electoral, y Sebastián Trejo Pita.