El mafioso caso Odebrecht

Un pariente en tercer grado de consanguinidad del vicepresidente de la República ha sido inculpado por la recepción de trece millones de dólares como coima por la concesión de contratos que suman centenares de millones.

Y sorprende, porque el entonces presidente Correa dio por terminados unilateralmente los contratos suscritos entre el Estado y el hermano del mandatario, considerando que violaron las normas éticas y legales.

Pero ahora ocurre que un simple pariente del vicepresidente de la República, segundo en el orden jerárquico, habría obtenido contratos con el sector público para la empresa Odebrecht, como se desprende de la acusación que pesa sobre él, probablemente de la confesión de un alto dirigente de la empresa corruptora que corre reservadamente guardada en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, constante de treinta y tres millones quinientos mil dólares pagados en sobornos por la mencionada empresa.

El tío del vicepresidente de la República habría recibido esos trece millones probablemente por sus gestiones para la concesión de los millonarios contratos, pero resulta increíble que solo el parentesco en tercer grado de consanguinidad haya sido el nexo para esa concesión y eso es una suposición, porque a estas alturas del tiempo solo son todavía presunciones y es de esperar que una investigación severa que debe correr a cargo de la Presidencia de la República, en manos de Moreno, y de la Asamblea Nacional, cuyo presidente es José Serrano, esclarezca los hechos y disipe las grandes dudas que han dejado los procesos investigativos en el caso Odebrecht y algunos otros. Como los de Petroecuador o aquellos de los que se halla inculpado uno de los ministros de Correa, que ha merecido, por otra parte, una defensa del exgobernante, y en el caso de Petroecuador, a pesar de que se hallan detenidos tres exgerentes de la entidad, hay otros prófugos. ¡Vaya manos limpias!

Las sanciones, por primera vez en más de una década, deberían comprender, a más de la correspondiente y drástica privación de la libertad, la obligación de devolver los dineros robados. Porque ya no debe mantenerse el criterio expuesto alguna vez de que el robo al Estado debe castigarse, pero lo robado es sagrado.