Este lunes seguirán las diligencias en la instrucción fiscal que investiga a jueces, fiscales, abogados y otros como sospechosos de presunta delincuencia organizada en el caso conocido como Metástasis.

El expediente tiene hasta el momento 39 procesados. Entre ellos se encuentra Wilman Terán quien fue presidente del Consejo de la Judicatura. Él está detenido en la cárcel 4 de Quito.

A partir de las 08:30 de este lunes y hasta las 16:30 la Fiscalía ha convocado a ocho policías para que rindan su versión sin juramento. 

Son tres capitanes, tres tenientes y dos sargentos de la Policía Nacional los que han sido llamados a comparecer de forma presencial en el piso 19 en donde está el despacho de la Unidad de Fuero de Corte Nacional de la Fiscalía General en la avenida Patria. Los uniformados deberán acudir portando su cédula de identidad y acompañados de un abogado de confianza. Lea además: "EXPRESO pide incluir los chats de Leandro Norero a demanda iniciada por Jordán"

La Fiscalía también espera información de entidades como el Consejo de la Judicatura al que pidió que informe la fecha que se otorgó la credencial de abogado s Kevin Prendes. Ala Secretaría de Educación Superior la Fiscalía le solicitó que informe sobre los títulos nacionales y extranjeros que se registraron en nombre de Prendes.

La causa inició tras el análisis del contenido de los teléfonos del narcotraficante Leandro Norero, en los que se encontraron chats que evidenciaron relaciones, negociaciones, entrega de sobornos y manipulación del sistema de justicia y de algunos de sus operadores de justicia.

El objetivo fue conseguir beneficios en procesos, ingreso de artículos prohibidos a la cárcel, devolución de bienes muebles e inmuebles, entre otros.

La Fiscalía hizo públicos los chats que evidencian diálogos para la liberación ilegal de sentenciados, actividades criminales y pago de coimas a cambio de actuaciones judiciales en beneficio de Norero y de grupo. 

La semana pasada la Fiscalía vinculó a ocho sospechosos más a la investigación que se inició en diciembre de 2023 con allanamientos y detenciones. Entre ellos se encuentran el abogado Christian Romero, el expresidente de la Corte de Justicia de Manabí, entre otros.

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