La lucha anticorrupción del Ejecutivo, en terapia intensiva
Seis excandidatos presidenciales evalúan la política del régimen en esa materia. Indican que solo se cambió a los beneficiarios de la corrupción
La revelación de una presunta trama de corrupción en las empresas públicas de los sectores estratégicos del país, supuestamente encabezada por el extitular de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas y del cuñado del primer mandatario, es una muestra de que la “pregonada” lucha anticorrupción del Gobierno de Guillermo Lasso nunca existió, según seis excandidatos presidenciales.
Andrés Arauz, exaspirante presidencial del correísmo, indica que “una política anticorrupción real comienza por impedir un ambiente criminógeno, con el buen ejemplo, sanciones ejemplificadoras y regulaciones que impidan el lavado de dinero”. Características que, según dice, el mandatario no ha cumplido y que los Pandora Papers evidenciaron. “La política es inexistente”, sostiene quien formó parte de la revolución ciudadana, régimen que cosecha sentencias por corrupción.
“La política anticorrupción es inexistente. Una real comienza por impedir un ambiente criminógeno (...). Como lo demostraron los Pandora Papers y mientras Lasso siga en el poder, jamás podrá ser diferente”.
Por su parte, Yaku Pérez, excarta presidencial de Pachakutik, señala que el intento de institucionalizar la lucha anticorrupción a través de una entidad ha sido una idea fallida en el pasado. “Las secretarías de lucha contra la corrupción nunca han funcionado cuando son parte del Ejecutivo. No funcionó con Correa ni con Moreno, y ahora tampoco con Lasso”, explica.
Además, hace hincapié en que cuando a dichas entidades les toca investigar “a su jefe”, sus autoridades quedan como figuras decorativas o pintadas en la pared por su dependencia total y absoluta del Ejecutivo. “Eso no sirve para el combate a la corrupción”, continúa y sostiene que la lucha es efectiva cuando es independiente.
“Las secretarías anticorrupción nunca han funcionado cuando les ha tocado investigar a su jefe (el Ejecutivo). No funcionó con Correa ni con Moreno, y ahora tampoco con Lasso. La lucha debe ser independiente”.
En ese sentido, Ximena Peña, excandidata presidencial del extinto Alianza PAIS, indica que por alrededor de un año el presidente Lasso ha sostenido una Secretaría Anticorrupción “sin resultados” y con recursos públicos. “La política anticorrupción del Gobierno es un fracaso”, continúa y hace hincapié en que las denuncias muestran que “la corrupción es usada como herramienta de deslegitimación del opositor político” y que cuando el denunciante llega al poder “perpetúan las mismas mafias y lo único que se cambia son los beneficiarios de los actos de corrupción”.
Para el expresidente y excandidato a la presidencia, Lucio Gutiérrez, el presidente Lasso ha traicionado la confianza de los ecuatorianos que votaron esperando un cambio profundo en el país, luego de algo más de una década a la que calificó como negativa para el país.
“Tiene una secretaría anticorrupción que se mantiene con recursos públicos y sin resultados. Cuando llegan al poder perpetúan las mismas mafias y lo único que cambia son los beneficiarios de esos actos”.
Recordó que una de las promesas del actual gobernante fue precisamente recuperar el dinero desviado por la corrupción durante el Gobierno de Rafael Correa y la aprehensión y juzgamiento de los responsables, algo que no ha sucedido durante los veinte meses de administración, según el exmandatario.
“Ha hecho todo lo contrario. Habría que preguntar al presidente Lasso ¿por qué está secuestrado por Correa?, porque es el correísmo que está incrustado en este Gobierno el que ocasiona estos problemas que van creciendo”, aseveró.
“Los correístas son los que ponen cortapisas para que no se investigue la corrupción de Correa y su banda. Son ellos los que están provocando los actos de corrupción recientes, sin que el Gobierno haga nada”.
César Montúfar corrió por la presidencia en 2021 y su carta de presentación precisamente han sido las denuncias de corrupción. A este Diario le dijo que cada nueva cosa que va apareciendo en la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas se vuelve más grave que la anterior.
Considera que la entrevista que Lasso dio la noche del domingo en lugar de aclarar la situación la enredó aún más y dejó en evidencia las contradicciones del primer mandatario, por lo que cree que también debe ser incluido en la investigación que está en curso, por el bien de la transparencia.
“La obligación del Gobierno es garantizar transparencia absoluta para generar confianza entre los ciudadanos. Más que del Ejecutivo, la misión de investigar es de la Fiscalía y otras instancias judiciales”.
“De lo que se sabe, el presidente conocía desde marzo de 2022 de posibles irregularidades cometidas por Hernán Luque, nombrado por él mismo. En octubre, siete meses después, recién le pidió la renuncia. La pregunta es por qué luego de aceptarle la renuncia no lo denuncia en la Fiscalía como establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Eso es extremadamente grave”, cuestionó.
Otra percepción tiene Gustavo Larrea, excandidato a la Presidencia por Democracia Sí. Dijo que sintió en las palabras del presidente la intención de empezar a transparentar todo y así poder empezar a desterrar de raíz la corrupción que no es nueva y se habría recrudecido en la administración de Correa.
“No pedimos que el presidente esté al tanto de los actos de corrupción del último funcionario de la administración, sería injusto. Pero sí de uno de los nombramientos más importantes dentro de su Gobierno”.
“Por supuesto que hay que investigar, pero sin satanizar. El país necesita hacerlo con madurez política y cívica para conocer y procesar correctamente desde dónde vienen los tentáculos de la corrupción, porque sabemos que detrás de eso están grupos que han venido operando desde gobiernos anteriores”, señaló Larrea.
