‘Educados’, a punta de multas

Allí estaban los concejales y la vicealcaldesa, en la imponente mesa del Salón de la Ciudad, en una de las protocolarias sesiones del Concejo, en la que, según el resumen de un edil, se concluyó ‘el debate de la caca’, debido a que el objetivo de la reunión fue mover a los guayaquileños a cambiar la mala costumbre de dejar tirados en la calle los excrementos de sus mascotas. Ese 25 de agosto aprobaron las reformas a una ordenanza que ahora sanciona esa falta con el 10 % de un salario básico unificado.

No es la primera vez que el Municipio adopta una sanción monetaria para quienes incumplen las reglas. Solo en 2015 estableció tres representativas: un salario ($ 366) por invadir el carril de la Metrovía, el 50 % de este por bloquear las intersecciones en la calle Boyacá; y el 10 % por invadir el paso cebra.

Parafraseando el antiguo adagio de que ‘La letra con sangre entra’, se puede decir que, en Guayaquil, la educación ciudadana con multa entra.

Solo esa sanción logró despejar el carril exclusivo de la Metrovía; lo que no habían conseguido campañas de concienciación. Y el miedo a una multa del 15 % del sueldo hace que los taxistas le digan al pasajero que se ponga el cinturón.

En cambio, la difícil (si no imposible) aplicación de la multa a quienes cruzan las vías por zonas indebidas, mantiene esta costumbre aún en sitios donde hay pasos peatonales.

La vicealcaldesa Doménica Tabacchi dice a EXPRESO que las multas son efectivas, pero aclara cuál es su objetivo: “No multamos para recaudar. Multamos para reeducar”.

Las sanciones monetarias para lograr el orden civil no son nuevas. El sociólogo y catedrático de la universidad Casa Grande, Carlos Tutivén, explica que en los proyectos de democracia moderna, la ciudadanía debía forjarse en base a dos principios: las leyes y la formación ciudadana, recibida en la familia y en la escuela. En América Latina, después del fin de las dictaduras, los estados no han tenido la fuerza para crear política de formación ciudadana. Cuando la situación de desorden se agudiza, acuden a la coacción de la ley, al endurecimiento de las penas.

No todos aprueban esto. “Hacer más grande una sanción para instar un cambio social es una medida opresora”, sentencia el abogado y docente de la Universidad de Guayaquil, Pedro Moncada. “La dureza no debe ser una medida, la educación social y vial, sí”.

¿Pero quiénes deben educar a la sociedad? El experto en Ciencias Sociales y catedrático de la Universidad de Guayaquil, Víctor Valdés, cree que la familia y los medios son los encargados de adentrarse de lleno en la educación civil. Coincide con él la historiadora Jenny Estrada, aunque ella admite que la diversidad de los habitantes exige la imposición de cierto tipo de medidas coercitivas.

Si algo es innegable es que, como dice la mediadora de conflictos María Lorena Macías, “estamos educados bajo un sistema basado en el castigo o en el miedo, desde pequeños”. Ese antecedente, bajo su experiencia, es el que hace efectivas este tipo de amonestaciones al corregir las malas costumbres.

Nebot: Si es más barato incumplir, muchos lo harán

La multa tiene que ser siempre disuasiva. Si es más barato incumplir, muchos lo harán. Los altos costos de una sanción hacen que el respeto a la ley, además de obligatorio y cívico, sea conveniente económicamente”.

Habla para Diario EXPRESO el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot: “Hay instituciones que hacen de la multa parte del ingreso para ayudar a palear la ineficacia en su manejo administrativo. El Municipio de Guayaquil está en contra de esa filosofía. Nosotros quisiéramos no cobrar ninguna multa, porque eso querría decir que los ciudadanos han cumplido con la ley de forma masiva”.

A su decir, las multas funcionan. Pone como ejemplo el respeto -ahora radical- al carril de la Metrovía, cuya invasión se pena con un salario básico unificado la primera vez, y con dos, la segunda. “Buscamos que la gente cumpla con lo que debe cumplir. Eso sí, aclara, antes de la vigencia de las sanciones el Cabildo emprende campañas de socialización.

“Se trata de periodos de concienciación, en los que explicamos al ciudadano por qué deberá cumplir la disposición que se le encomienda”.