Ni loca que pago

A fin de que las más altas autoridades del Ministerio de Educación reparen en el daño que le han realizado a la educación particular dejando “en el aire” el mes de febrero, queremos comentar un caso que conocemos de primera mano y que se produjo en una institución educativa de nuestra comunidad.

Luego de cancelar la pensión del mes de enero y al ser notificada una madre de familia, de que en su momento oportuno debería cancelar el siguiente mes, comentó luego de escuchar a la colectora: “¡Ni loca que pago febrero!” ¡Cuidado! No es esta una persona con historia de morosidad, ni tampoco de aquellas de las que ya comentamos en nota anterior. Es una persona aparentemente seria, cumplidora de sus normas, pero que en su rápido pensamiento no entiende por qué debe cancelar un mes que no se trabaje, olvidando el contrato firmado, descuidando el conocer que las instituciones educativas deben administrar las 10 pensiones de ingreso para sostener 12 de gestión y subsistencia.

Posiblemente esta forma de pensar no se entiende en las altas esferas ministeriales, pues acá en la costa la velocidad del pensamiento es primaria y el intento de sacar ventaja y provecho para sí mismo, una carta de presentación.

Si el Ministerio hubiese permitido prorratear el valor de febrero, como se les sugirió en su momento, entre los cuatro o tres meses para los que hubo oportunidad, no estaría abocada la educación particular a tan grave situación y el padre de familia no tendría la sensación de que paga dos meses por uno, o uno “en el aire”.

Se dirá fácilmente “que no se le dé matrícula para el año siguiente”, pero como la institución escolar no puede presionar de ninguna manera el pago y debe entregar notas, promociones, pases de año, sin cuestionar, se está fomentando el que con documentos en mano las personas simplemente vayan dejando una deuda para matricularse en otra institución.

En la costa la educación es un gasto que sin duda todos quisieran ahorrarse.

Que el Ministerio responda por sus resoluciones y dé la cara determinando acciones que no dejen en la indefensión a la educación particular.

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