Abucheada, vilipendiada, rodeada de uniformados que acuden en su rescate y acosada por gritos destemplados de legisladores que apelan a la presidencia de la Asamblea, Guadalupe Llori abandona el salón del Pleno tras suspender abruptamente una sesión que se le fue de las manos. De pronto, todas las miradas se dirigen a Virgilio Saquicela, el vicepresidente cuya permanencia en la bancada oficialista ha sido puesta en duda. Legisladores de todas las bancadas lo rodean, con la ley orgánica de la Asamblea en la mano: discuten la posibilidad de reinstalar la sesión sin Llori. Pero el secretario, el prosecretario y el director jurídico también se han ido. Tras media hora de deliberaciones, Saquicela anuncia, a voz en cuello y en penumbra, pues los micrófonos han sido desconectados y las luces se apagan mientras habla, que no puede hacerlo. Minutos más tarde, la sesión de las 19:00 de este 24 de febrero también queda suspendida. Por “falta de condiciones para su normal desarrollo”, dice el escueto comunicado de la Secretaría.

Que a continuación aparezca Guadalupe Llori en la sala de sesiones del CAL, rodeada de un puñado de legisladores fieles del bloque oficialista y lo que queda de Pachakutik (entre los cuales no figura Saquicela); que acuse a la nueva mayoría de conspirar para “tomarse por asalto la Asamblea Nacional”; que los llame “desesperados porque se les va de las manos el chupete” y repita lo que ya no es secreto para nadie: que correístas, socialcristianos y disidentes de Pachakutik quieren recuperar el Consejo de Participación Ciudadana para manejar el nombramiento de las autoridades de control; que concluya la declaración con un grito de “Viva la democracia”... Nada de eso cambia las cosas: lo que dice Llori es cierto y por ello, precisamente, está a punto de perder la presidencia.

El golpe institucional estaba programado para comenzar en la sesión de este jueves. Fue el correísta Fausto Jarrín el encargado de presentar una propuesta de cambio del orden del día para que se debata el consabido proyecto de resolución en contra de la presidenta, mediante el cual se constituye una comisión ad hoc para investigarla por supuesto incumplimiento de funciones. Ese camino solo lleva a su destitución. Para evitarlo, Llori montó toda una estrategia que terminó por perderla. Organizó, al parecer, una avalancha de pedidos de cambio del orden del día que empezaron a llover en su despacho inmediatamente después de que convocara a la sesión. Cuando Fausto Jarrín llegó con el suyo, ya había cuatro más en cola, y la ley de la Asamblea impone un máximo de tres por sesión. Con una larguísima e innecesaria explicación del secretario sobre por qué dos propuestas de cambio del orden del día quedaron fuera, arrancó la sesión a las 14:30.

Los correístas no comieron cuento. Aseguran que las firmas que acompañan las tres propuestas calificadas fueron añadidas después de su presentación. Jarrín pidió un punto de orden para denunciarlo, pero para entonces había empezado ya el tratamiento del primer tema de debate. Se trataba, nada menos, que del proyecto de ley sobre el uso progresivo de la fuerza, que tanto se ha venido reclamando para combatir la inseguridad. El secretario ya la estaba leyendo cuando los correístas, poniendo en evidencia crudamente sus prioridades, empezaron a gritar hasta enronquecer. Gritaban y gritaban y Llori trataba de calmarlos. De pronto, desde otro lugar del hemiciclo, exactamente desde la bancada socialcristiana, tronó la voz de Esteban Torres fuerte y clara: “¡Apelo a la Presidencia!”. Los otros hicieron suya esta consigna y Llori, que ante una apelación no tiene más alternativa que detenerlo todo para darle trámite, prefirió suspender la sesión, apurar de un trago su vaso de avena y escapar del zafarrancho.

La situación es insostenible. Si ya querían procesar a Llori, el lío de las firmas en los pedidos de cambio de orden del día añade un tema más de investigación. Y si la presidenta reinstala la sesión para tratar la ley urgente que estaba por debatirse, tendrá que hacer frente sí o sí a la apelación de Torres. Este jueves 24 de febrero marca, en la Asamblea, el inicio de un camino sin retorno.