Con una votación unánime, los asambleístas aprobaron la reforma a la Ley de extinción de dominio con la que se busca recuperar activos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción. La normativa también determina el uso que el Estado debe dar a esos recursos de origen ilícito.

Estos son los principales puntos:

LO QUE PLANTEA LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

La extinción de dominio se aplicará mediante una sentencia motivada de un juez para el decomiso del bien o dinero de origen ilícito. La acción prescribirá luego de 80 años de la fecha en que se adquirieron las propiedades o desde que fueron destinados a actividades delictivas.

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Extinción de dominio inmediata solo en tres casos

Solo en estas situaciones no se requerirá la sentencia para que los bienes de origen ilícito pasen a manos del Estado:

1. Cuando los bienes pertenezcan a uno o varios miembros de grupos de delincuencia organizada nacional o transnacional, terroristas o actores no estatales beligerantes, cuyas organizaciones consten en el Consejo de Seguridad Pública del país o de las Naciones Unidas.
2. Se aplicará en caso de las propiedades o activos injustificados que tengan relación de causalidad con el crimen organizado.
3. Cuando se trate de delitos flagrantes respecto a los bienes que sean propiedad de los grupos de delincuencia organizada.

Creación de la Unidad de Antilavado de Activos y Anticorrupción

Será una nueva dependencia administrativa y esa Unidad funcionará dentro del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). Estará encargada de reportar de forma reservada a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) las transacciones inusuales e injustificadas que detecte. Además tendrá que coordinar el intercambio de información entre la UAFE, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Fiscalía para combatir delitos.

Así se emplearán los recursos de origen ilícito

Los bienes y activos, tras su monetización, serán invertidos en programas infantiles, en la prevención y rehabilitación por el consumo de sustancias sujetas a fiscalización, así como en la atención a efectos de desastres.

Armas se entregarán a la Fuerza pública

Las armas que se incauten en delito flagrante serán entregadas a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para la seguridad interna. 

Uso de la maquinaria de minería ilegal

Los vehículos que se decomisen en esta actividad ilícita se utilizarán en remediación ambiental o prevención de riesgos.

EL DEBATE

Durante el debate en el pleno, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango (ADN, oficialismo), aseguró que de acuerdo con el Ministerio de Finanzas existen $ 110 millones retenidos por delitos económicos, cuyos fondos podrían formar parte del Presupuesto General del Estado. Señaló que en Ecuador, el patrimonio del crimen organizado es de aproximadamente $ 1.700 millones.

A pesar de los cuestionamientos que surgieron en el Partido Social Cristiano (PSC), el legislador Otto Vera señaló que su bancada está de acuerdo con la ley, que facilita que los bienes ilícitos sean monetizados para utilizarlos en la lucha en fronteras, zonas rurales, programas infantiles y para la fuerza pública. 

Nathalie Morillo (Construye) dijo que el meollo del problema es la economía ilegal. Por ello, consideró que el decomiso anticipado de bienes ilícitos logrará “reducir la inseguridad, la migración ilegal y el tráfico de drogas”.

Desde el correísmo, Viviana Veloz aseguró que la Revolución Ciudadana respaldó la ley, pues la considera de vital importancia, porque “permitirá debilitar al crimen organizado y luchar contra el narcotráfico que ha arrebatado la paz y seguridad a familias ecuatorianas”.

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