Una espera técnica. Tomará casi un año para que entre en vigencia la Ley de Declaraciones Patrimoniales Juradas.

Hoy el pleno de la Asamblea Nacional votará para resolver las observaciones del presidente de la República sobre esa normativa. Un informe elaborado por la Comisión de Participación Ciudadana recomienda allanarse al veto porque “aclara y precisa las disposiciones”, según la Asamblea.

Una de ellas es que la norma entre en vigencia a partir de 2017 porque la Contraloría necesita tiempo para adecuar su sistema informático para publicar en línea esas declaraciones.

Otra es sobre la obligación para el funcionario de declarar el usufructo de aquellos bienes, cuyos propietarios sean parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Para la Presidencia de la República, la declaración no tiene ningún límite para ello. CMP