La ley es para todos

Las campañas electorales se caracterizan por un bombardeo de propuestas -con más o menos aterrizaje real-, por recorridos a pie y saludos cercanos y por miles y miles de carteles y muros pintados. Rara es la confrontación con argumentos entre candidatos. Raro es el verdadero escrutinio a la calidad e idoneidad de los mismos. Ni siquiera desde los órganos de control que están llamados a avalar la participación electoral.

Resulta que más la mitad de los gobernantes que gestionarán las arcas locales en los 221 cantones del país tienen lagunas tributarias. Sin entrar a valorar el dolo o la ausencia de este, lo cierto es que, según los registros del Servicio de Rentas Internas, hay 120 nuevos alcaldes que o no han pagado nada de impuesto a la Renta en 2018 o no han presentado su declaración o no está registrada convenientemente. Y los ecuatorianos se enteran ahora, y por la prensa.

Si como ciudadanos no han cumplido con sus obligaciones cívicas, uno se pregunta cómo van a exigir desde el poder que los administrados cumplan la ley. Eso, sin perjuicio de que las autoridades se pongan a revisar ahora las declaraciones patrimoniales juradas tan abultadas y encuentren que no todos los mandatarios elegidos pueden justificar sus ingresos.