Reforzarán la lucha. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, aseveró este 19 de marzo de 2024 que radicalizarán la "resistencia y lucha" contra el extractivismo minero en el país.

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Tras la presentación de una nueva demanda de inconstitucionalidad del manual de consulta previa libre e informada, emitido por el Gobierno del presidente Daniel Noboa, Iza avanzó que el 22 de marzo de 2024 convocarán al llamado Encuentro Nacional Antiminero, en Quito, en el que tomarán decisiones.

"Vamos a un proceso de resistencia y de lucha desde los territorios. Si tenemos que enfrentar desde las comunidades, desde los territorios, lo haremos. Vamos a un levantamiento en contra de la minería, pero nuestros territorios no pueden ser saqueados por las empresas trasnacionales", sostuvo el líder del movimiento indígena.

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Además, comentó que el artículo 13 del manual es "lesivo" porque señala que solo podrán consultar a las personas "que han sido registradas".

Iza pidió a las comunidades levantarse y defender pues "hay que sacar a la minería" de sus territorios "con la lucha y la resistencia". Subrayó la necesidad de la "radicalización absoluta" antes de denunciar que se ha pretendido "confundir una lucha legítima" con la "delincuencia común y corriente".

Las declaraciones a la prensa las ofreció al acudir a la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad a un acuerdo ministerial que busca regular el derecho a la consulta previa, libre e informada.

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La semana pasada, el excandidato a la Presidencia de Ecuador y activista ambiental Yaku Pérez presentó una demanda de inconstitucionalidad frente al manual de consulta previa presentado por el presidente Daniel Noboa en la mayor feria minera del mundo (PDAC) en Toronto (Canadá).

Este manual para aplicar la consulta previa, libre e informada, a la que tienen derecho los pueblos indígenas donde se vayan a realizar proyectos de inversión como concesiones de industrias extractivas, fue emitido el 6 de marzo de 2024.

"El acuerdo ministerial pretende llevar a cabo una consulta previa no vinculante que podría generar una mayor conflictividad socioambiental", afirmó Pérez.

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