Conflicto armado interno: el fin legal de la guerra exige actos urgentes de Noboa

No hay que dormirse en los laureles. El apaciguamiento de la violencia, en gran medida por la intervención de las Fuerzas Armadas, podría sufrir un revés tras la finalización del estado de excepción.

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Como publicó EXPRESO, juristas advierten que la figura de conflicto armado interno, agregado al decreto de estado de excepción suscrito por el presidente Daniel Noboa, culminará con el cese de la emergencia y, con ello, el apoyo militar.

Asambleístas de las distintas bancadas del Legislativo señalan a este Diario las prioridades que, a su criterio, debe tener el Gobierno al término del estado de excepción. El objetivo, según sostienen, es poder ejercer un combate integral al crimen.

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“No necesitamos que (el Gobierno se) prepare, ya debió tener listo el plan estratégico para combatir la inseguridad”, sentenció Alexandra Arce, asambleísta del correísmo, uno de los aliados legislativos de Noboa.

Aunque decretar más estados de excepción puede ser una vía, resalta que “no solo es la presencia de las Fuerzas Armadas que reduce la delincuencia”, sino la existencia de una política criminal.

Indica también que el Gobierno deberá asignar los recursos suficientes a los ministerios encargados de la seguridad del país, así como depurar a la fuerza pública y atender la infraestructura penitenciaria.

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Para ello, según indica el asambleísta y vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Diego Matovelle, la bancada oficialista analiza el marco jurídico vigente para modificarlo o, incluso, derogarlo.

“Buscamos darle al país una seguridad estable y, para llegar a eso, debemos apoyar al Gobierno con leyes eficientes y prácticas, con norma preventiva y sancionatoria”, expresó sin brindar mayores detalles.

Pese a que Matovelle reconoce que el tiempo que disponen no les basta para tener resultados a mediano plazo, la legisladora de Construye, Nataly Morillo, hace hincapié en que las acciones de Gobierno urgen.

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Sostiene que para el término del estado de excepción espera que el Gobierno tenga listas las políticas públicas a implementar para evitar que niños y adolescentes sean reclutados por los grupos narcocriminales.

“La raíz es social: es inequidad, es violencia en el hogar, es desempleo, es falta de acceso a la educación, a la salud, es hambre”, dice y aclara que militarizar es vital, pero insuficiente para resolver el problema.

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A la par de atender el eje social, el asambleísta de Actuemos, Adrián Castro, resalta la necesidad de impulsar cambios institucionales que sumen al combate integral del crimen organizado y el terrorismo.

Propone la desaparición del SNAI, ente rector del sistema carcelario del país; el endurecimiento del control al cumplimiento de las leyes de tránsito, así como una depuración integral de la Función Judicial.

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