La ‘guerra interna’ en Ecuador ya tiene fecha de finalización. Y no necesariamente porque la fuerza del Estado se esté imponiendo sobre las bandas narcocriminales. De hecho, según juristas, el fin del conflicto armado interno, así declarado por el presidente Daniel Noboa, responde a los plazos que la propia Constitución establece.

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¿Por qué? Para el abogado Joffre Campaña, el reconocimiento del conflicto armado no internacional fue agregado al decreto ejecutivo de estado de excepción suscrito previamente por el mandatario.

Esto, explica, provoca que la figura del conflicto armado no internacional o interno culmine en los mismos plazos que la Constitución establece para los estados de excepción.

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El artículo 166 de la carta magna dice que “el decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de 60 días”, con la posibilidad de extenderse 30 más, de mantenerse las causales alegadas en el documento inicial.

En total, la ‘guerra interna’ tendrá una vigencia máxima de 90 días. Luego de ese tiempo, “el crimen organizado y común continuarán con la zozobra en el país”, sostiene Campaña.

Se podría llegar a esa conclusión, acota el constitucionalista André Benavides, porque con el fin del estado de excepción también culmina el amparo legal bajo el cual las Fuerzas Armadas se han desplegado en el país para fortalecer la lucha contra el crimen y el terrorismo.

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“Sin estado de excepción ya no podrían (seguir en operaciones con la Policía)”, remarca. También recuerda que para que puedan volver a complementarse, además de otro estado de excepción, habrá que esperar a la aprobación de la reforma al artículo 158 de la Constitución.

Este proyecto de reforma a la carta magna, presentado durante la presidencia de Guillermo Lasso, fue aprobado por la Asamblea Nacional el 21 de diciembre de 2023. Se pretende que las Fuerzas Armadas puedan brindar apoyo complementario a las funciones ejercidas por la Policía Nacional.

Entonces, ¿qué hacer mientras se concreta esa opción? La respuesta más práctica, según Mauricio Alarcón, jurista y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, es que se vayan decretando más estados de excepción, ya que “es impensable que se puede ganar una guerra en 90 días”.

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Sin embargo, esta práctica fue una de las más criticadas del régimen del expresidente Guillermo Lasso, quien suscribió más de 15 estados de excepción, principalmente por la crisis de inseguridad en las calles y las cárceles, además de calamidades naturales como el socavón en Zaruma, entre otros.

El camino correcto, desde la perspectiva del abogado Campaña, es propiciar cambios estructurales a la par del combate al crimen y al terrorismo. Esto, de acuerdo con el jurista, se pudo aprovechar en el pliego de preguntas presentado para la consulta popular del gobierno de Daniel Noboa.

“Esta decisión y este periodo (de emergencia) son una reacción inmediata al desbordamiento de la delincuencia”, añade el jurista, quien cree que a diferencia de lo propuesto por el Gobierno en sus preguntas, se necesita generar cambios trascendentes, además de empezar a combatir la miseria.

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