“Nos llevaron en fila india para limpiarnos”

Graciela Jordán no puede dormir desde el pasado lunes. Los recuerdos de aquel día la asaltan a cada momento y llora pensando que ella y sus tres nietos pudieron haber sido asesinados.

Fueron seis horas de terror que esta madre y otro grupo de personas de tres camaroneras ubicadas en los manglares del sitio La Conchita de Puerto El Morro, parroquia rural de Guayaquil, vivieron cuando una decena de hombres incursionaron en sus tierras, supuestamente para cumplir un desalojo.

Los individuos, cuenta Graciela, se hicieron pasar como agentes de Inteligencia para cumplir con una supuesta orden para desocupar del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), quienes además los amenazaron, amarraron y quemaron sus casas y otras pertenencias.

Santos Olguín trabaja en la primera camaronera asaltada. Según recuerda, los sujetos amarraron a todos los trabajadores y en fila india los llevaron a la segunda piscina, donde hicieron lo mismo con los jornaleros y así llegaron hasta la tercera. “Fuimos obligados bajo amenaza a desbaratar las casas y luego le prendieron fuego”, relató Marino Flores, otro de los afectados.

Por un llamado al ECU 911 que hizo un vecino de otra camaronera, llegó el Fénix (helicóptero de la Policía) para auxiliar a los trabajadores.

Astutamente, los delincuentes se acercaron a los uniformados para indicarles que no pasaba nada, y que solo estaban haciendo una ‘limpieza’.

Pero la intuición de los gendarmes hizo que regresaran por el estero y así capturaron a siete de los individuos.

Marina Flores, Graciela Jordán y Beysi Flores Solórzano, dueñas de las camaroneras afectadas, aseguran que están en posesión de esas tierras desde hace cinco años y han hecho las respectivas solicitudes al Magap para su legalización.

Cuentan que desde hace dos meses aparecieron unos supuestos dueños que tienen camaroneras que colindan con la de ellas y que reclaman esas tierras. “Nunca nos han enseñado escrituras, ni constan en el Registro de la Propiedad y tampoco tienen trámites en el Magap...”, dice Marina.

Ahora solo esperan justicia. El ataque les dejó pérdidas por casi 100.000 dólares.