“El dano a la universidad se acentuo en la comision anterior”

Aunque ya no estará solamente tres meses sino dos años como interventor, Roberto Passailaigue es realista en los objetivos que espera cumplir. Así, advierte que es imposible acabar con la corrupción en dos años, “porque esto es un problema generacional”. Pero que pueden sentar las bases de moralización y de procesos válidos para administrar la ‘Estatal’.

- ¿Si es un mal generacional, significa que tendrán que pasar muchos años para lograrlo?

- Tendrán que pasar de 6 a 12 años porque el problema de la corrupción en el alma mater está en todos lados: en el pensamiento de los funcionarios. Hay muy valiosas excepciones, por supuesto. Yo estoy queriendo manejar el proceso de intervención con mucha gente: es un llamado general, que todos los que quieran eliminar la corrupción se sumen a esta gran campaña y tengo personas muy prestigiosas que ya se han sumado. Oportunamente daré a conocer las comisiones que se han formado.

- ¿Usted cree posible recuperar y cambiar la universidad con la propia gente de la institución?

- Básicamente sí. No con los que han venido actuando, porque parece que son los menos adecuados para estas funciones; sino con aquellas personas muy valiosas que no han actuado, sea porque las han marginado, porque no han querido participar, por desidia o temor. Porque realmente la administración de la universidad todo el mundo sabe cómo se ha hecho: en manos de grupos, de familias, todo por cuotas, prebendas... Eso queremos erradicarlo.

- La anterior Comisión de Intervención incorporó mucho personal para su labor. ¿Usted piensa hacer algo similar?

- No. De hecho, existen informes que dicen que desde hace cinco años han ingresado alrededor de 1.300 contratos ocasionales y se los ha venido manteniendo. El contrato ocasional, como su nombre lo indica, es por ocasión. Si se necesitan realmente, se convoca a concurso para llenar esa vacante. Lamentablemente, el proceso irregular ha sido que se vengan dando estos contratos de forma continua.

- Igualmente, la comisión anterior dispuso de casi $ 50 millones para sus objetivos. ¿Tiene un presupuesto para los suyos?

- No. Nosotros no queremos construir obras faraónicas. Hemos solicitado al presidente de la República un pequeño presupuesto, pero para mejorar las facultades que necesitan acreditarse: la de Ciencias Médicas, la de Odontología y la de Derecho. Las tres no han podido ser acreditadas y ya les han hecho varias evaluaciones. Yo no me explico cómo es que una universidad que subió a la categoría B en la anterior CIFI, hasta ahora no acredita sus carreras.

- ¿Comparte la idea de parar o cerrar la universidad por un tiempo para reorganizarla?

- No comparto la idea, no lo he pensado. Y si alguien por ahí alguna vez lo sugirió, he dicho que no. Sé que los agitadores están haciendo asustar a los estudiantes diciéndoles que vamos a cerrar la universidad, que se la va a privatizar, cosa que no es verdad. Pienso que dentro de los esquemas de trabajo que tenemos, la parte central es mantener la universidad funcionando y no perjudicar el derecho de los estudiantes, profesores y trabajadores.

- A propósito de agitadores, ¿la política interna es la que le ha hecho daño a la universidad?

- Totalmente. El daño a la universidad no es de ahora, venía desde hace mucho tiempo atrás, pero se acentuó desde la intervención anterior, de 2013. Muchos dicen por ahí que no es responsabilidad de ellos porque no han firmado los contratos. Pero la responsabilidad es de la Comisión Interventora anterior: la norma establece que cuando la universidad es intervenida, si es que hay rector en funciones, él no puede hacer nada sin la aprobación de la CIFI. Si en el accionar de esas autoridades hay irregularidades, es porque la comisión de intervención las autorizó.

- Suena paradójico que una comisión nombrada para corregir irregularidades, termine cometiéndolas o autorizándolas.

- Es parte de la paradoja e incertidumbre que existía. Se quisieron tomar, se tomaron políticamente la universidad. Vemos cómo funcionarios públicos salían a marchar con todos los estudiantes para respaldar a un régimen. Estos funcionarios, antes que el Ceaaces (que es la institución encargada) diera el resultado de la evaluación de la universidad, unos días antes ellos ya daban la noticia. El Ceaaces de ese entonces tendrá que informar cómo hizo la evaluación. Hay tres carreras principales que no se han acreditado. Algo no está bien. O las tienen que acreditar porque son de categoría B, o la universidad estuvo mal evaluada.

- ¿Va a pedir esa explicación?

Tendré que reunirme con el actual Cases, antes era el Ceaaces, para primero pedir apoyo en los avances y procesos internos; y luego preguntar qué ha pasado, por qué en dos años ha bajado tanto la calidad educativa. Si fue clasificada en B, por qué ahora no me acreditan tres carreras.