Durán vive meses oscuros y no es una novedad. Asesinatos, extorsiones, asaltos, ataques armados asfixian a la segunda ciudad más poblada de la provincia del Guayas.

En algunos barrios, los habitantes han llegado a bloquear las calles para evitar el paso de delincuentes. Otros se confinan y dejan de utilizar espacios públicos, como parques y plazas, por temor a ser alcanzados por alguna bala perdida o explosivos.

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Este escenario irrumpió también a las autoridades locales. Los asesinatos del director municipal de Planeamiento y Territorio, Miguel Santos Burgos, y del concejal Bolívar Vera, demuestran que el accionar de los criminales no tiene límites.

Y es que el Concejo Cantonal sigue reuniéndose en forma virtual desde el inicio de su gestión en mayo pasado, tras el ataque que sufrió el alcalde Luis Chonillo horas después de asumir el mando de este cantón.

La ola de violencia criminal que vive Durán, sin duda, merma el trabajo a desarrollar por parte de los ediles y el alcalde.

Por amenazas recibidas, la vicealcaldesa Kelly Pérez dejó su cargo el pasado 17 de octubre. En su lugar asumió María Eugenia Barreiro. Una semana antes, ya había renunciado la edil Nelly Valencia, justificando su decisión por problemas de salud.

Que el Concejo Cantonal se mantenga sesionando en forma telemática está totalmente enmarcado en la ley. El artículo 316 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) refiere que “de considerarlo necesario, los consejos y concejos podrán sesionar fuera de la sede de su gobierno territorial, previa convocatoria del ejecutivo respectivo realizada con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación”.

Sin embargo, para el consultor político Diego Cevallos, de Gobernanza Local, en la práctica, la correcta administración por parte de funcionarios y autoridades se complica frente a la inseguridad, que los mantiene acorralados.

Explicó que el rol fiscalizador y de supervisión, que es una de las principales competencias del primer personero municipal, puede resultar deficiente.

“Yo creo que eso último sí se complica un poco, porque el alcalde puede delegar a los directores, a los funcionarios, pero nunca va a ser lo mismo a que sea la máxima autoridad la que supervise”, expresó Cevallos.

Gonzalo Albán, consultor en gestión pública, explicó los efectos de la pérdida de la institucionalidad.

“Al momento de tener toda una crisis de seguridad como esta, rompes con todo el principio de la administración pública, en el sentido de que no puedes gestionar presupuestos, impulsar obras, hacer fiscalización, recorrer y demás factores”, sostuvo.

Insistió en que el Municipio está atado de manos debido a la inacción del Gobierno central en materia de seguridad.

“En esto, bien hace el alcalde en pedir el apoyo, pero mal hace el Gobierno en no responder con el diseño de una estrategia de seguridad”, dijo Albán.

Para Manuel Macías, director del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil, “al parecer el real poder está en las bandas de crimen organizado y narcotráfico”, quienes, con violencia, “no permiten que se haga un trabajo más allá de lo que ellos mismos establecen”.

Explicó que, por ejemplo, las disputas por tierras ha agravado la situación en el cantón. “Parece que en ese control territorial es donde se manejan y se permite que las bandas puedan mantener sus negocios o darle forma a otros como la extorsión”.

Los asesinatos no cesan

La violencia no da tregua en Durán. La noche del martes 31 de octubre, dos jóvenes fueron asesinados a tiros mientras regresaban de la ‘rodada del terror’, en la que cientos de motociclistas se tomaron vías de Guayaquil cometiendo actos de desobediencia a la autoridad.

Los asesinatos se registraron entre las cooperativas 28 de Agosto y Valparaíso 2, en el noroeste de Durán, convirtiéndolo en el segundo cantón con más muertes violentas en la provincia del Guayas.

Desde el 1 de enero hasta el 1 de noviembre, en Durán se han contabilizado 291 asesinatos, 181 más que en el mismo lapso el año pasado.

A pesar de que el Gobierno central anunció la llegada de 1.000 uniformados, entre policías y militares, la ola de violencia criminal en el cantón guayasense no ha sido controlada.

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