Justicia sin temores ni favores
Todos anhelamos vivir con la esperanza de una justicia que nos proteja en cualquier situación en la que nuestros derechos sean vulnerados, y que los puedan reparar quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia, obrando con plena conciencia de sus actos y estricto apego a la ley. Corresponde al jurista romano Ulpiano, hace 1.800 años, la más acertada definición de justicia: “voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo”. Se refería a la justicia legal o general, a la llamada atributiva, conmutativa o distributiva; esta última, referida al aspecto socioeconómico, ameritaría otro comentario.
En una democracia es fundamental el respeto a la ley. Tan importante es actuar de acuerdo al derecho, que si algún legado histórico dejó el Imperio Romano fueron las instituciones jurídicas, de mayor trascendencia que los logros de sus emperadores. Pero para que la justicia sea confiable debe ser independiente, no puede estar sometida a gobernantes de turno, ni proceder bajo coerción o temores, buscando favorecer al poder político, a la fuerza o al dinero, pues de una imparcial y correcta administración de justicia dependen la vida, el honor, el patrimonio de las personas, la protección de los recursos públicos. Esa incuestionable verdad motivó a Alfaro a uno de sus recordados pensamientos: “Donde no existe justicia se viene al suelo ese edificio llamado nación”. Lo expresado nos impone ser celosos guardianes de que tan delicada tarea social sea ejercida por juristas libres de sospechas, cuya vida y merecimientos permitan al país confiar en su misión. La justicia exige además que los ciudadanos actúen honestamente y sin causar daño a otros. Ecuador ha intentado en las últimas décadas tener una administración de justicia con garantías y estabilidad para quienes la imparten. El más notable esfuerzo fue en 1997; previa consulta popular se confió a representantes de la sociedad civil que realizaran una selección de miembros del Poder Judicial. La intromisión de los poderes Legislativo y Ejecutivo, con el tradicional reparto de cuotas, impidió parcialmente un buen escogitamiento de magistrados. El actual presidente de la República expresó su decisión de “meter la mano en la justicia”. Al margen de dicha intención, se percibe a los actuales administradores de justicia sujetos a influencias del Gobierno. Por el bien del país eso debe cambiar, más aún si recordamos el insólito fallo contra diario El Universo.
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