Es de justicia

La Contraloría General del Estado emitió su informe acerca del examen especial al cumplimiento de los requisitos para el traspaso de varios fondos previsionales, entre ellos el Fondo de Cesantía del Magisterio. Este, que se constituyó con recursos de los maestros del país, fue asaltado el 14 de mayo de 2015, con intervención policial y con la presencia de varios funcionarios públicos, por orden del entonces presidente Correa, y su manejo pasó al Biess, sin que la información de su administración desde entonces haya sido conocida.

En la usurpación del Fondo de Cesantía del Magisterio hay responsabilidades que deben ser establecidas y sancionadas de acuerdo a la ley por las autoridades respectivas. De Correa derivó la disposición para tomarse el Fondo, arguyendo una serie de pretextos cuya justificación se fundamentó en el pronunciamiento de un funcionario del IESS, asegurando que aquel había recibido aportaciones de dineros públicos aún antes de que se emitiera el informe por parte de la auditoría contratada por el gobierno. Tan cierto es esto que la auditoría solicitó copia certificada del texto de tal pronunciamiento y recibió como respuesta la aseveración de que se había extraviado.

La justicia tiene que ir hasta el final. Tomar en cuenta que para que tal atropello se produzca fue preciso armar todo un entramado de funcionarios, desde la cabeza que emitió la disposición, los mayordomos que la ejecutaron, pasando por aquellos que lo justificaron, hasta dar con quienes han tenido en sus manos los haberes del Fondo y su manejo.

La Contraloría ha emitido una “Recomendación”, inmediata y obligatoria que dispone la reversión de cuatro fondos previsionales (del Magisterio, de la Universidad Central, de la Universidad de Loja y de la Universidad de Quevedo). Además establece que el superintendente de Bancos y la intendente de Seguridad Social incumplieron los requisitos legales y el debido proceso.

Abusos como este deben ser investigados y castigados para que jamás se repitan.