A ajustar la acusación. La lista de comparecientes que plantearon los proponentes del juicio político al presidente Guillermo Lasso sufrirá modificaciones que deben estar definidas antes de notificar con el inicio del proceso al mandatario.

Esto, luego de que la Corte Constitucional (CC) diera paso, la semana pasada, al trámite de fiscalización únicamente por la causal de peculado, dejando por fuera las otras dos acusaciones, sobre el presunto delito de concusión.

Esto obliga a los impulsores del juicio político a individualizar la prueba que fue presentada por tres acusaciones. Es decir, deberán precisar qué documentos o versiones usarán para sustentar el presunto peculado de Lasso.

En el primer listado se incluyeron los nombres de 36 personas entre funcionarios y exfuncionarios para que rindan testimonio. Viviana Veloz, de Unión por la Esperanza (UNES), señaló que esa nómina variará muy poco porque algunos de los citados podían aportar datos tanto para el caso de concusión como al de peculado.

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De ese grupo, un testimonio que se considera clave es el del exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, que antes de renunciar al Gobierno elaboró un informe en el que se lanzaban “hipótesis” sobre la corrupción en las empresas públicas como la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).

El documento de Verdesoto incluso sirvió como sustento del informe de la comisión multipartidista aprobado con 104 votos, a inicios de marzo, en donde ya se recomendaba el inicio del juicio político.

Otro nombre que, al parecer, será fijo es el del exgerente de Flopec, Oswaldo Rosero, para que explique en la situación que dejó la empresa y de la directora del Servicio de Contratación Pública (Sercop), María Sara Jijón, que hablará de lo que se ha encontrado en el contrato entre la empresa pública y la privada Amazonas Tanker, que es el motivo del juicio político.

En la lista también está la fiscal general del Estado, Diana Salazar; el ministro de Energía, Fernando Santos, y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea.

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Pero hay otros cuya presencia está en duda. Por ejemplo, para configurar la concusión estaba previsto llamar al superintendente de Compañías, Marcos López, a que hable de la relación de empresarios con ciudadanos albaneses o el general (sp) Víctor Arauz, para que diga que se reunió con Rubén Cherres (+) y el cuñado del presidente, Danilo Carrera, para lograr un ascenso en la Policía.

“Que vayan entendiendo los legisladores que aquí no hay espacio para hablar de mafia albanesa porque no presentaron las pruebas, tampoco de Leonardo Cortázar porque tampoco presentaron las pruebas, menos de Ítalo Cedeño y los supuestos casos de corrupción en Petroecuador. La única prueba válida, calificada por la Corte Constitucional, es la relacionada con el caso de peculado en Flopec”, advirtió Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización.

Esta mesa legislativa también dio ayer algunos nombres. Villavicencio considera que el exministro de Energía, René Ortiz, debe rendir su testimonio, al igual que el contralor Carlos Riofrío y Pilar Ferri, quien fue gerente de Flopec en el gobierno de Lenín Moreno.