dictamen abstentivo caso salcedo
Referencial. La Fiscalía allanó varios hospitales del sistema público y del IESS, tras los casos de corrupción revelados desde junio de 2020.cortesía

Jueza da luz verde para que se revise el dictamen que favorece a Gabriela Pazmiño

La decisión irá a consulta de la fiscal provincial con respecto a los tres procesados que no fueron acusados por delincuencia organizada

La jueza Nelly Parrales Córdova, de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil (Albán Borja), avaló la consulta del dictamen abstentivo que se emitió a favor de tres procesados dentro del proceso de delincuencia organizada, que investiga a una presunta organización delictiva vinculada a casas de salud del sistema público y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

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Este 8 de enero de 2021, la juzgadora dio paso al pedido que hizo el abogado Ricardo Ron Vélez, acusador particular y director provincial del IESS; por lo que dispuso que la fiscal Claudia Romero, quien investigó el caso, eleve a consulta de su superior el dictamen que dictó a favor de la expresentadora de televisión, Gabriela Pazmiño Pino, su cuñado Michel Bucaram y Stéfano Adum Casanova. Esto, para que se ratifique o revoque dentro del plazo establecido en la ley.

El pasado 30 de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) se adelantó en informar que el dictamen abstentivo sería enviado a la fiscal provincial, Yanina Villagómez, para que lo ratifique o revoque como manda la jueza.

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El anuncio se dio tras conocerse la entrega del resultado de la investigación que desarrolló la fiscal Romero, contra un total de 17 personas que supuestamente favorecieron a grupos y empresarios con millonarios convenios de pago, en hospitales públicos. Entre los investigados están los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla; los hermanos Jacobo y Abdalá (Dalo) Bucaram Pulley, esposo de Gabriela; Paúl Granda López, expresidente del directorio del IESS, y la empresaria Karina Cadena.

Tanto Jacobo como los hermanos Salcedo permanecen detenidos, y enfrentan procesos por otros delitos relacionados con una trama de corrupción, denunciados en los meses más críticos de la emergencia sanitaria que se decretó en marzo de 2020, por la pandemia de la COVID-19, en el país.