El concurso para elegir 14 jueces de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado concluye.

Mañana, los vocales del Consejo de la Judicatura, cuyo futuro aún es incierto en la Asamblea por la reconsideración de la votación de su censura y destitución pendientes, declarará el cierre del concurso que inició en abril de este año. Hubo 425 interesados y alrededor de 350 personas que presentaron la documentación exigida y concluyeron con la postulación.

Cinco meses después de pruebas psicológicas, pruebas teóricas y prácticas e impugnaciones, solo 36 iniciarán el curso de formación que durará 52 días.

En el camino quedó uno de los mejor puntuados del proceso. Según el informe de las impugnaciones, de los resultados de las inhabilidades, únicamente el postulante Leonardo Rosillo “presenta una inhabilidad establecida en el numeral 6, del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial”, señala el documento.

Al término de la preparación de los 36 finalistas que será presencial y virtual, quienes obtengan más de 80 puntos en las pruebas que deberán rendir serán seleccionados para ocupar las 14 plazas de jueces, miembros de tribunales y de Corte, informó Santiago Peñaherrera, director del Consejo de la Judicatura.

La Judicatura seleccionará a dos jueces de primer nivel, seis de tribunales penales y a otros seis funcionarios de las salas de apelación. En total serán 40 funcionarios en esa nueva dependencia.

Tendrá como formadores, entre otros, a la exfiscal general Mariana Yépez y conferencistas internacionales que hablarán de la lucha contra la corrupción, política criminal, crimen organizado, cooperación internacional, entre otras temáticas.

Según las estimaciones de la Judicatura, a más tardar a mediados de diciembre los nuevos judiciales que estarán en el cargo cinco años de acuerdo a la recomendación internacional, entrarán en funciones con carga procesal cero y con la competencia de conocer los casos de al menos 44 delitos que se cometan en la jurisdicción nacional y en zonas de frontera.

Cuando ya se anuncien los nombres de los ganadores habrá 15 días para que ellos se posesionen.

Mientras los jueces anticorrupción se alistan, el segundo piso del Complejo Judicial Norte se adecúa con asesoría internacional. En esas dependencias se pondrán seguridades como detectores de armas y explosivos. En esas adecuaciones se trabaja con la cooperación y asistencia de la Embajada de Estados Unidos. “Va haber dispositivos especializados para detectar armas, explosivos y todo porque, ¿cuál ha sido la realidad? Que se encontró una granada en el baño”, recordó.

Añadió que la Embajada también ha mostrado el interés de colaborar (ese tema se concretaría esta semana o la siguiente) con un experto en seguridad para desarrollar un protocolo de seguridad para ellos. Esa legación diplomática ayudó al concurso con alrededor de 500.000 dólares. También se trabaja en un protocolo de seguridad con la Policía pero para todas las unidades judiciales del país.

Peñaherrera defendió la transparencia del concurso. Aseguró que está abierto para que observatorios, universidades y ciudadanos revisen y se audite el sistema que deja huellas y pistas de todo lo que se hace.

Los salarios para los jueces anticorrupción estarán en la escala de los jueces del sistema ordinario. Parte de las seguridades para los nuevos jueces será la substanciación de las audiencias de forma telemática.