La Judicatura mantiene su resolucion sobre las comisiones de servicio

La fiscal general del Estado Diana Salazar fue recibida este jueves —30 de mayo de 2019— por el pleno del Consejo de la Judicatura. La reunión que duró casi una hora se hizo de forma reservada. Sus detalles, los temas tratados y la resolución final tampoco fueron informados por la Judicatura. Lo que sí hubo fue un comunicado en el que el Consejo justificó que con la resolución se estableció el procedimiento de aplicación de la figura que “no está previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial, ni en norma interna alguna”. Aclaró que bajo ningún concepto pretende afectar la autonomía de la Fiscalía o de la Defensoría.

Salazar pidió ser recibida por el pleno del Consejo para explicar las razones por las que consideraba que la última resolución mermaba sus facultades. El pleno del Consejo resolvió que asume “como autoridad nominadora de forma exclusiva la potestad legal para autorizar y dar por terminadas las comisiones de servicios con y sin remuneración, en favor de los judiciales de todas las carreras de la Función Judicial”. En la Comisión de Justicia de la Asamblea a la que acudió el miércoles —29 de mayo— la fiscal alertó que se restaba la poca autonomía que le quedaba a ese organismo.

El origen de la resolución sería la decisión de Salazar que en los casi dos meses de gestión había sido terminar las comisiones de servicios de funcionarios que se encontraban en otras dependencias para que regresen y asuman el conocimiento de casos represados. Al momento la única funcionaria que queda en esa condición es Ruth Barreno, actual vocal de la Judicatura.

En la Asamblea Salazar dijo: “mi administración ha dicho cero comisiones de servicio, como eso al aparecer ha molestado a uno u otro funcionario que al parecer quiere más a otras instituciones es que ha acudido al Consejo de la Judicatura”.

La decisión ha generado varias reacciones. Henry Cucalón, miembro de la Comisión de Justicia considera que la Fiscalía, más allá de quien sea el fiscal de turno, debe tener la atribución de autorizar las comisiones de servicios. Lo contrario atenta contra su operatividad y buen manejo cotidiano, opinó el legislador. Para Cucalón, esa decisión, en la práctica, entorpece la labor diaria de un organismo tan importante como es la Fiscalía General en un tema tan importante para los ciudadanos como es el combate al crimen. Añadió que “la Judicatura debe estar enfocada en otros temas que son los que importan y no dejan dormir a la gente”. Cita por ejemplo el control efectivo de jueces y fiscales.

El exfiscal general Roberto Gómez Mera cree que en términos generales ha sido muy malo que le hayan quitado a la Fiscalía la autonomía que tenía antes. Y no se refiere solo a la última resolución del Consejo. Señala que eso se hizo ya en tiempos del expresidente Rafael Correa y de la nueva Constitución de 2008 “con el ánimo de controlar en una sola institución no solo el poder judicial sino la Fiscalía y la Defensoría Pública”. Considera que ya es hora de resolver este problema porque al restarle autonomía a la Fiscalía se está limitando su accionar.

Las alternativas: una reforma a la Constitución vía consulta, por decisión de la Asamblea o vía interpretación de la Corte Constitucional porque caso contrario el problema se va a mantener siempre, añade. Recuerda que la Fiscalía asumió la autonomía plena en 1998 luego de una larga historia de sometimiento a otra institución y lo que se ha hecho es una regresión al pasado.

El exmagistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia Mauro Terán no ve el sentido positivo de la resolución 068-2019 del Consejo al reclamar para si la facultad exclusiva y excluyente de otorgar y negar comisiones de servicio. Especialmente, dice, cuando la misma resolución reconoce que los incisos 2 y 4 del Art. 178 de la Constitución determinan que la Defensoría Pública y la Fiscalía General son órganos autónomos de la Función Judicial. Recalca que con la resolución “se está vulnerando la autonomía constitucional”.

Concluye que “es grave que la presidenta del Consejo María del Carmen Maldonado se preocupe de reivindicar facultades obstruccionista que pueden beneficiar intereses velados de la década pasada”.

Un exfiscal general que pidió no mencionar su nombre puntualiza que la solución (que en realidad es paliativa y depende en gran medida de la voluntad política de las cabezas de cada institución) ha sido la de delegar: el Consejo delega a Fiscalía algunas o varias de sus potestades. Puntualiza que “es obvio que el sistema de ‘delegaciones’ termina siendo discrecional de unas autoridades sobre otras”.

En la Fiscalía existen más de un millón y medio de denuncias y menos de 900 fiscales para su conocimiento. Hay un déficit de casi 500 fiscales.