Jorge Zavala: “Pedimos un relator a la ONU”

Dos meses después de que la ONU emitiera un dictamen contra el Ecuador por el caso Isaías, que ha tenido interpretaciones distintas en las partes, la defensa de los hermanos William y Roberto Isaías pidió el envío de un relator del organismo.

¿Para qué un relator?

Para monitorear el cumplimiento. No viene a imponer, viene a ver si es posible que en los 180 días se logre cumplir con el fallo de la ONU.

¿Qué dicen las resoluciones 5683 y 60147 de la ONU sobre las reparaciones?

La forma de reparar. Cuando se condena a un Estado por violar un derecho constitucional a un particular nace la responsabilidad. Se concreta esa responsabilidad en la reparación. ¿Dónde se hace? En el Ecuador. ¿Cómo? Con un recurso efectivo que concrete la restitución de bienes, la indemnización, la compensación y la satisfacción o disculpas. ¿Qué tenemos en Ecuador? Los artículos 18, 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que dicen que se acuda al juez de lo Contencioso Administrativo para que se liquide el valor a devolver.

¿Ya acudieron a ese juez?

Todavía no. El recurso efectivo se presenta cuando el Gobierno responda que no va a pagar. En vista de que lo único que hemos recibido son declaraciones, pedimos a Ginebra que para evitar que se venzan los 180 días con negativas o dilatorias, que nombre a un relator para que exija medidas complementarias a las ya dictadas para lograr el cumplimiento. Creo que al 30 de agosto o primeros días de septiembre estará nombrado.

¿Cuándo culmina el plazo?

Los 180 días corren a partir del 4 de junio; se cumplen el 3 de diciembre de este año.

¿Qué pasará si se vence el plazo y no hay respuesta?

Desde aquí hasta el 3 de diciembre hay medidas complementarias que el relator puede dictar, que pueden que lo hagan cumplir o que no. Después del 3 de diciembre, será el comité el que decida las medidas cohercitivas.

¿Cuánto debe pagar o devolver el Estado a los Isaías?

El 8 de julio de 2008, cuando se dictó la resolución de incautación, se incautaron 572 empresas. Eso tiene un valor en el tiempo difícil de calcular. Eso será sometido a un peritaje.

Se habla del derecho de repetición. ¿Contra quiénes?

La Constitución dice que si el Estado tiene que pagar a un particular por daños causados a su patrimonio, obligatoriamente se tiene que ejercer las acciones de repetición contra quienes determinaron esos daños. En este caso, los autores de la resolución de la AGD 2008-12, los 92 legisladores que votaron por el mandato 13 y los jueces que le negaron las acciones a los Isaías. Estamos hablando de 138 personas que tendrán que pagar lo que se debe pagar.