Jorge Hidalgo: “Queda en evidencia el ‘statu quo’ de las intermediarias”
Políticos, activistas y expertos en energía condenan la inacción para frenar la injerencia en los negocios petroleros
Las conversaciones de los hermanos Mario y Nicolás Naranjo sacan a la luz un secreto a voces: en el área hidrocarburífera quienes marcan la pauta son las grandes empresas extranjeras.
“Hay un ‘statu quo’ que está tan bien estructurado y que se encarga de proteger el negocio de los importadores de combustible”, dice Jorge Luis Hidalgo, gerente de Green Power y experto en innovación energética.
“Estos importadores de combustible tienen sus operadores políticos, tienen gente en el gobierno y en las empresas públicas. Para entender esto hay que poner un ejemplo. Es la tercera vez que se cae la licitación del Campo Amistad para la producción de gas natural, pero por otro lado los funcionarios aceleran procesos de necesidad de gas para las termoeléctricas y terminan comprando afuera. ¿Quién se benefician? Las importadoras de combustibles”. Solo en 2022, el Estado compró 7.646 millones de dólares en combustibles y gas natural.
Germán Rodas Cháves, coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, dice que la “lamentable y perturbadora injerencia” de multinacionales no es nueva, “viene de hace décadas”. Estos mandos medios siguen ahí por años y su rol es facilitar los negocios del Estado a los intereses particulares. Es hora de que se ponga un punto final a una realidad perversa y que genera pérdida de recursos”, dice.
Analistas encargados de elaborar contratos, expertos en el tema de tarifas petroleras, abogados especializados en comercio de hidrocarburos, gerentes y asesores forman parte de estructuras paralelas, en donde las cabezas interactúan con las empresas que venden hidrocarburos o las navieras que lo trasladan a sus destinos.
Rodas dice que en 2017, la Comisión Anticorrupción envió una carta al gobierno del entonces presidente Lenín Moreno para informar de las presiones que sufrían los funcionarios del área energética por parte de grupos empresariales ligados a esas áreas. “No se hizo nada”.
El expediente contra Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, también saca a la luz que la injerencia de las multinacionales y sus aliados llega al punto de colaborar en la redacción de un informe legislativo.
El criterio del exlegislador Ricardo Vanegas es que ese hecho no puede quedar en la impunidad. Espera que la Fiscalía tome urgentemente cartas en el asunto e investigue a su colega Mireya Pazmiño y todos los que actuaron en la elaboración del informe a Flopec. “Ha quedado en evidencia que había una preocupación para sostener un esquema que beneficie a empresas intermediarias en las negociaciones petroleras... Es el ‘statu quo’, en perjuicio del país”.
“Los funcionarios tienen el poder de ejecutar y traspapelar. Lo que se ha visto es que estos, manejados por las importadoras, boicotean todos los proyectos de aprovechamiento energético”.
“Tengo expectativa que la Fiscalía investigue y determine si es que legisladores han recibido dinero de las intermediarias, que se llevan el dinero de los negocios de las embarcaciones”.
“Es un caso que al estarse tramitando en la justicia, no me corresponde pronunciarme. La investigación es competencia de la Fiscalía y las acciones para recuperación de activos es Procuraduría”.
“Este es un caso ideal para que el Estado demuestre toda su capacidad para la recuperación de los activos robados... Hay que indagar los patrimonios de los guaguas (de Nilsen Arias) con SRI y la UAFE”
Cohecho. En los chats contenidos en el expediente de Nilsen Arias se revelan detalles de los negocios en Flopec, venta de crudo e importación de combustible.
