Irregularidades en la selección del proveedor, infracciones rechazadas sin sentencia judicial, equipos con problemas de funcionamiento y multas no impuestas al contratista.

Estas son las conclusiones de la auditoría realizada por la Contraloría General al contrato entre el Municipio de Ambato y la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S. A., que desde 2014 tiene el control vial a través de fotomultas. Así lo informó la entidad este jueves 6 de enero de 2021. 

En los últimos seis años, la Contraloría ha emitido tres informes que evidencian las fallas en esta concesión.

En 2016, la auditoría al proceso de concesión estableció que el uso de cámaras para controlar la velocidad del tránsito no estuvo sustentada en estudios de prefactibilidad, factibilidad, evaluación financiera y socioeconómica. Es decir, se contrató sin que exista la necesidad.

Ahora, el equipo auditor confirma más sospechas que septiembre pasado ya fueron denunciadas por EXPRESO.

Por ejemplo, la autoridad municipal de Ambato no sustentó la conveniencia de concesionar el servicio de fotorradares a una empresa privada.

En la fase de licitación, el único oferente que presentó su oferta no cumplió con los requisitos mínimos, como la declaración del Impuesto a la Renta, certificados de la experiencia del personal, capacidad y experiencia técnica, operacional y de gestión.

De hecho, la Contraloría señala que Safety Enforcement Seguridad Vial S. A. se constituyó el 31 de octubre de 2013, un mes antes de presentar la oferta técnica y no se efectuaron pruebas operativas de las cámaras que se utilizarían para captar las imágenes.

Los análisis del equipo de control sobre la ejecución del contrato concluyeron que el sistema rechazó injustificadamente 389 infracciones, lo que ocasionó que el Municipio deje de percibir $ 50.405, del porcentaje de participación que le corresponde según el contrato.

En el examen aprobado en 2020, la Contraloría determinó que los Directores de Tránsito del Municipio debido a que las sanciones impuestas a los vehículos fueron determinadas erróneamente. Además no exigieron el cobro de otros $ 1,3 millones, no multaron a la concesionaria por esta omisión. Ni por haber borrado multas sin un fallo judicial. 

• Litigio por la ubicación de un radar

El Municipio de Ambato y la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S. A. mantienen un litigio desde junio pasado. Esta firma tiene la concesión hasta 2025 para ejercer el control de la velocidad vial de esta urbe. En total tiene nueve fotorradares. Uno de estos, el de la avenida Bolivariana, ha sancionado a 362.000 conductores. Es decir ha emitido multas por $ 60 millones entre enero de 2020 y julio de 2021. Según la Alcaldía de Ambato, estas multas no deben ser cobradas porque la vía donde está el equipo no pertenece a la jurisdicción cantonal, sino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y es una vía estatal.