Una intolerable impunidad
La agitación generada por un anuncio presidencial estableciendo la posibilidad de recurrir al criterio del soberano para intentar resolver asuntos que impiden la buena marcha del gobierno y el desarrollo democrático de la nación, evidencia lo novelero que sigue siendo el Ecuador.
Sin que la propuesta se concrete y sin que se conozca el cuestionario a ser sometido a la decisión del pueblo, surgen por doquiera quienes apoyan la consulta y quienes la denuestan.
En el mejor de los casos aparecen los criterios de que lo que hay que hacer en cuanto a reformas de la Carta Magna no es posible sino convocando una Asamblea Constituyente. En el peor, se hace presente el esperpento y se sugiere al absurdo. Todo el mundo tiene una pregunta. Todo el mundo tiene un interés y quiere aprovechar la aparente apertura democrática para tratar de saciarlo.
Mientras continúa el divertimento, que algunos quieren encumbrar a la condición de debate jurídico, la prometida cirugía mayor contra la corrupción sigue sin realizarse. Ni siquiera hay algunos corruptos en la mesa de operaciones y aunque siempre se ha sabido en el país que no se cuenta con una administración de justicia perfecta, ahora, agravando la desconfianza, surgen evidencias respecto a múltiples casos demostrativos de la ausencia de independencia de la Función Judicial.
Así, al tiempo que se acumulan las denuncias de corrupción en los más diversos ámbitos de la vida nacional, se hace protuberante la sensación de vivir en la más absoluta impunidad. Si todo lo que se conoce respecto al impúdico asalto de los recursos públicos ha ocurrido a lo largo de la década pasada, ¿por qué las autoridades a cargo de la administración de justicia y el control del uso de los siempre escasos recursos, siguen disfrutando impunemente pese a su complicidad, al menos pese a su indolencia?
No es concesible que el tufo de la enorme corrupción imperante en temas de petróleo, construcción de infraestructura, tráfico de drogas y un largo y vergonzoso etcétera, haya pasado desapercibido para los funcionarios a cargo de impedirlo, más aún cuando fueron múltiples las denuncias presentadas por los que con patriotismo se arriesgaron a efectuarlas.
Cuando el tiempo de prudente espera para exigir hechos ha transcurrido, acabar con la impunidad se vuelve inexcusable.