El interes de la proxima Asamblea

La próxima Asamblea se moverá entre dos extremos: consolidar el proyecto político del movimiento gubernamental y desmontar el andamiaje jurídico creado en los últimos nueve años.

Así lo dijeron a EXPRESO los legisladores del oficialismo y de la oposición. La meta de todas las agrupaciones políticas de febrero de 2017 es asegurar –solos o en alianza– la mayoría parlamentaria.

“Lo principal es demoler las leyes que ha aprobado el Gobierno. Esto implica revisar todo para hacer nuevas propuestas”, dijo César Solórzano, asambleísta de Napo, por Sociedad Patriótica.

Ese partido, CREO, Avanza, Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, Pachakutik-Unidad Popular y los independientes apuntan a un tema común: la Ley de Comunicación.

Estos partidos y movimientos políticos quieren derogar esa normativa porque impide la libertad de expresión. “El objetivo clave es esa ley porque defendemos la libertad de expresión y trabajo de los periodistas. Una derogatoria significa hacer una nueva norma”, explicó la legisladora Mae Montaño (CREO).

A esa ley se suman otras para “desechar”, como dicen en la oposición. Por ejemplo, la ley que administra los fondos de cesantía del Magisterio y la que quitó el 40 % de aporte estatal para las pensiones jubilares.

En la mira de la oposición también están otras normas que han centralizado el poder del Ejecutivo en el sector público. Allí están todas las que crearon agencias de regulación.

Para el independiente Ramiro Aguilar, la prioridad será desarmar el correísmo y eso tomará los primeros seis meses del próximo año. “No hay espacio para agendar las nuevas leyes. Aunque en la campaña cada candidato a legislador propondrá sus propias leyes, eso no significa que todas pasarán”, dijo a EXPRESO.

Las organizaciones políticas reconocen que hay áreas de interés particular que responden a su militancia. Pachakutik, por ejemplo, plantea borrar del mapa cuatro leyes (Educación Intercultural, Participación Ciudadana, Solidaridad, Economía Popular y Solidaria) y las salvaguardias. “No sirven para nada. Proponemos una consulta popular para preguntar a la ciudadanía sobre las leyes que quiere derogar”, argumentó el jefe de bloque, César Umajinga.

Avanza, exaliado gubernamental, ya piensa en las nuevas iniciativas que se requieren para ayudar a los sectores productivos a superar la crisis económica. “Necesitamos una ley para el sector agrícola porque ha sido uno de los olvidados de esta ‘revolución ciudadana’. No tienen créditos para comprar maquinaria y semillas para trabajar”, explicó la legisladora por Galápagos, Fanny Uribe.

El oficialismo, en cambio, tiene una meta: aprobar les leyes que requieren para “dar vida a la Constitución” de 2008.

Según un documento del oficialismo, son 23 leyes las que PAIS quiere votar entre 2017 y 2021.

La asambleísta del Guayas, Gina Godoy, explicó que el plan de trabajo de PAIS era pasar más de 60 leyes, durante el período 2013-2017. “Los que no alcancemos a votar se sumarán a la próxima agenda legislativa”, dijo a este Diario.

En su lista están, por ejemplo, las nuevas leyes de Gobierno Electrónico, de Turismo, de Protección Integral y de Derechos a las Personas, del Sistema de Control del Estado o la de Tratados Internacionales, entre otras.