El informe de la Defensoría del Pueblo que atribuye presuntos delitos de lesa humanidad a las Fuerzas Armadas por sus actuaciones en el contexto de las violentas protestas de octubre de 2019 carece de ‘objetividad y fidelidad’.

Lo afirma el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. El contenido fue rechazado por los militares tras el conocimiento del documento en una sesión del Consejo Ampliado de Oficiales Generales y Almirantes.

Luis Lara Jaramillo, el jefe del Comando Conjunto, acompañado por los comandantes de las tres ramas militares, leyó un comunicado oficial. Reiteró que las conclusiones del informe con el que la Defensoría presentó una denuncia en la Fiscalía por presuntos delitos de lesa humanidad, para los militares, “son subjetivas y sesgadas, al carecer de documentos e informes probatorios sobre la planificación militar para las operaciones ejecutadas en apoyo complementario a la Policía”, entre el 3 y el 16 de octubre de 2019.

Lara informó que los hechos de violencia que pusieron en riesgo la seguridad y la integridad de los ecuatorianos en esos días de octubre, obligaron a que el presidente expida el Decreto Ejecutivo 884, declarando el estado de excepción por grave conmoción interna en el país.

Fue esa la razón de la movilización de las Fuerzas Armadas, para que apoyen complementariamente a las competencias de la Policía con el objetivo de “garantizar la integridad y la convivencia pacífica de los ciudadanos y evitar que se vulneren los derechos de las personas con actos violentos”.

Lara recordó que las Fuerzas Armadas, por su estructura jerarquizada y subordinada, efectuaron una planificación militar para la ejecución de las operaciones de apoyo en el estado de excepción. Dijo que en las órdenes militares se consideró de forma obligatoria el respeto a los derechos humanos y la protección de las garantías y libertades de los ciudadanos.

De ahí que solo emplearon material y equipo antimotines, reiteró el oficial. Insistió en que no se disparó ni un solo proyectil de armamento letal en todo el tiempo que duraron las manifestaciones.

Recordó en cambio algo que no recoge el informe de la Defensoría del Pueblo, dirigida por Freddy Carrión: que existieron graves afectaciones a la integridad y a la dignidad humana de los militares, quienes sufrieron agresiones físicas por parte de los manifestantes en varias oportunidades, y vejaciones que les ocasionaron múltiples heridas.

Habló del secuestro de uniformados en Chimborazo, en Cotopaxi y otros sitios; y de la destrucción e incineración de material y equipo, lo que provocó un perjuicio de 8,7 millones de dólares.

Los manifestantes quisieron tomarse varios repartos militares y trataron de incendiar una unidad militar en el sector de la Balbina para atentar contra su vida, recordó el miércoles el presidente Lenín Moreno, quien también rechazó el informe de la Defensoría por no recoger todo lo ocurrido en las violentas jornadas de protesta.

El general Lara dijo que se presentaron las respectivas denuncias en la Fiscalía. Hasta el momento se desconocen los resultados. Los manifestantes afectaron 101 vehículos militares administrativos, incendiaron cinco vehículos tácticos, destruyeron material y equipo antimotines.

Lara insistió en que los militares actuaron siempre en el marco de la Constitución, protegiendo los derechos, garantías y libertades de los ciudadanos y respetando las normas nacionales e internacionales.

Pero no solo los militares fueron afectados, sino también los policías. La comandante Tannya Varela recordó las agresiones de las que fueron objeto mujeres policías. Una que les dijo a los manifestantes que estaba embarazada, no se libró de los ataques. Los violentos quemaron 24 UPC, una UVC y destruyeron 108 carros policiales. Además, secuestraron agentes, los agredieron y amenazaron con quemarlos. Y nada de eso se recoge en el informe de la Defensoría Pública.