La Sala Especializada de Garantías Penales de la Corte Provincial del Guayas analiza a esta hora el recurso de apelación a la sentencia que condenó al excandidato presidencial Iván Espinel Molina y a otras tres personas a diez años de prisión por el delito de lavado de activos.

La diligencia se instaló pasadas las 09:00, tras el incidente que crearon los abogados de tres procesados, quienes abandonaron la audiencia en rechazo al Tribunal integrado por los jueces José Coellar (ponente), Henry Morán y Juan Paredes.

Según el abogado César García, defensor de la acusada María Johanna Vera Vera, los jueces son incompetentes para conocer esa causa por cuanto se han presentado demandas de recusación en contra de ellos. “Lo han dicho públicamente y eso es suficiente para que se den por citados con dichas demandas y debieron, si no tienen ningún interés en particular en estar a cargo de este proceso, debieron haber renunciado a su competencia o por lo menos aceptar que ha sido suspendida. Lo cual no ha ocurrido y nosotros, de manera responsable, sabiendo que esto va acarrear nulidades en lo futuro, no podemos someternos a jueces incompetentes porque estaríamos prestándonos al abuso de derechos y eso no lo vamos a permitir”, manifestó el jurista.

El pasado viernes, los jueces habían dejado en claro -mediante providencia- que no aceptarían ningún diferimiento de la diligencia. Además, de ser competentes para continuar con el trámite de esa causa. Tras la salida de los abogados, los magistrados declararon en abandono el recurso que ellos también habían presentado en contra de la sentencia que dictó el Tribunal de Garantías Penales del cantón Durán, el pasado 29 de mayo.

“Estamos aquí simplemente por un respeto a la administración de justicia, pero no nos allanamos a la competencia de los jueces que están conociendo en este momento, no nos allanamos a la nulidad que se ha generado en esta audiencia, ni nos allanamos al estado de indefensión que se encuentran los otros tres procesados en esta causa”, indicó la abogada Vanessa Zavala Fonseca, defensora de Iván Espinel.

La profesional detalló que presentaron una demanda de recusación “que tiene que ver, principalmente con pronunciamientos públicos realizados por dos de los señores jueces dentro de este mismo expediente... lo que hace establecer que los jueces podrían tener un prejuicio o un condicionamiento de juzgamiento dentro de este proceso...”. Aseguró que la acción fue presentada el pasado viernes.

Una vez instalada la audiencia, el juez Coellar pidió la colaboración de un defensor público, quien manifestó que no se había preparado para ese caso, en el que debía defender a tres sentenciados. También solicitó el diferimiento de la audiencia; pero, a pesar de eso, el magistrado le pidió que se fuera empapando del caso a medida que exponían las partes.

Durante la mañana, la fiscal Ivonne Proaño fundamentó las razones por las cuales impugnó la sentencia, específicamente por el procesado Wálter Andrade Muñoz, a quien acusó como coautor del delito, pero el Tribunal de Durán lo condenó en el grado de cómplice.

Según expuso la Fiscalía, el procesado “coadyuvó con un modo principal en actos de lavado de activos”. Y, junto con su esposa María Johanna Vera Vera habrían participado de manera directa en los depósitos de grandes cantidades de dinero y adquisiciones de bienes, que hizo el también exministro Espinel, durante el periodo 2010-2014. Esto, mientras se desempeñó como funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), así como en direcciones y hospitales públicos. Tiempo durante el cual firmó contratos por aproximadamente 12 millones de dólares.

La diligencia se suspendió a las 12:50, pero se reinstaló a las 14:30 para continuar con la exposición del resto de las partes procesales.