En este 2023, el primer proceso de ingreso de nuevos alumnos a las universidades públicas, dirigido a los bachilleres del régimen Costa que se gradúan entre febrero y marzo, comenzó en diciembre de 2022 con el registro nacional de aspirantes. Una tarea que realizaba la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), cuyo titular aún no ha sido designado por el Gobierno de Daniel Noboa, quien, más bien, en la campaña electoral adelantó su intención de eliminar esa entidad y pasar sus actuales competencias al Ministerio de Educación.

Si bien las reformas a la normativa de educación superior aprobadas en el Gobierno de Guillermo Lasso establecieron, entre otras cosas, que las propias instituciones deben organizar y ejecutar sus procesos de ingreso de nuevos alumnos (con lo que el Ejecutivo dijo haber cumplido su promesa de eliminar el denominado ‘examen de la Senescyt’), en la práctica dependían del registro nacional único de aspirantes, que es independiente de las convocatorias a inscripciones que hace cada institución.

A su vez, las fechas en que se desarrollaba ese registro obligatorio para todos los que querían ingresar a una universidad, escuela politécnica o instituto tecnológico superior público, les servían a esas entidades para definir sus propios calendarios.

De allí que la falta hasta ahora de un nuevo titular de la Senescyt, más la conocida intención de Noboa sobre esa secretaría, tiene en incertidumbre a las instituciones de educación superior (IES) públicas, que desean organizar sus cronogramas y saber si habrá cambios en las reglas o fechas.

“Para las IES en la Costa, y particularmente para la Espol, el proceso de acceso reviste una importancia crucial. Se inicia en diciembre con el objetivo de contar con futuros estudiantes para el mes de mayo. Este calendario nos permite atraer y captar el mejor talento del régimen Costa. La falta de secretario en la Senescyt, hasta la fecha, nos deja en la incertidumbre respecto a cómo se ejecutará el proceso de acceso, que debería comenzar en los próximos días”, expresa Paola Romero Crespo, vicerrectora de Docencia de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).

“Esta falta de definiciones representa un desafío significativo para nosotros, ya que impide una planificación adecuada y podría llevar a la pérdida de un periodo académico para los estudiantes, que de otra manera podrían contribuir al desarrollo de la institución y del país. Es imperativo contar con una dirección clara y una toma de decisiones oportuna para garantizar la continuidad y el éxito de nuestros programas educativos”, agrega Romero.

Si bien es una situación compartida por los centros de estudios (sobre todo de la Costa), que en el primer periodo del año reciben la mayor cantidad de estudiantes, otras universidades muestran cautela sobre este asunto.

Así, la dirección de Comunicación de la Universidad de Guayaquil, la de mayor población estudiantil del país, indicó que el rector no se iba a pronunciar sobre este tema.

De igual forma, la dirección de Comunicación de la Universidad Estatal de Milagro (Unemi), la que más alumnos nuevos recibe en el país por su oferta en modalidad virtual, dijo no haber podido contactar al rector para consultarle al respecto.

Incluso, el presidente local de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), Carlos Coello, quien inicialmente ofreció a este Diario compartir su opinión, pero hasta el cierre de esta edición eso no se concretó.

• ¿Qué es el registro nacional?

Para los dos procesos de ingreso de 2023, la Senescyt estableció como requisito obligatorio para todos los aspirantes el registro en una plataforma de la institución.

Este era un paso inicial, independiente y diferente del proceso de inscripción de aspirantes que después efectuaría cada universidad, escuela politécnica o instituto superior tecnológico público del país.

Entre los datos del estudiante que pedía el registro consta el lugar de residencia, autoidentificación étnica, si el aspirante tiene alguna discapacidad, si posee computadora y acceso a internet, entre otros.

Según la entidad, este paso permitiría a las universidades contar con información de cada aspirante y con ello, de ser el caso, otorgarle puntos adicionales en la calificación de postulación, por las políticas de acción afirmativa.

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