Una idea que se mantiene, aunque con nueva temática. En casi ocho meses de gestión, el presidente Guillermo Lasso ha acudido en dos ocasiones la posibilidad de llamar a una consulta popular que le permita viabilizar reformas que, por los caminos habituales, le tomaría tiempo.

El Ejecutivo dijo que “sí o sí” los ecuatorianos irían a las urnas antes de que finalice 2021 para resolver tres asuntos básicos: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el reforzamiento de la dolarización y viabilizar leyes que podían encontrar trabas en la Asamblea Nacional.

Esta posibilidad se diluyó porque el Gobierno decidió concentrarse en la vacunación contra la COVID-19. Pero el presidente Lasso la volvió a revivir, esta vez para tratar una reforma al sistema judicial que “está fallando y eso repercute en la inseguridad del país”, señaló la semana pasada.

El anuncio generó reacciones. El exministro de Gobierno Vladimiro Álvarez no ve una contradicción entre los temas propuestos inicialmente por el presidente y los de ahora. “El ejercicio mismo ha hecho notar al presidente las prioridades en una u otra materia, pero no excluye que se puedan abordar otros temas”, señaló.

Lasso no descartó que una de las preguntas que se incluya se relacione con la reforma laboral que se prevé empiece a ser socializada este mismo mes, antes de enviarla a la Asamblea Nacional, en donde ya se configura un panorama de oposición.

Esta idea no fue muy bien recibida por gremios como la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), que consideran que abordar este tema en una consulta en 2023, como sería el plan del Gobierno, es tardío teniendo en cuenta la situación laboral del país.

“Diferir algo para el segundo tramo del período de Gobierno sería postergar algo que es indiscutiblemente urgente. Basta con salir a las calles para ver la informalidad y la inseguridad que aquello causa”, le dijo a EXPRESO su presidente Carlos Loaiza.

En otros sectores incluso ya se piensa que la consulta popular, si se llega a desarrollar, debería incluir otros temas coyunturales para la ciudadanía. Zobeida Aragundi, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, dice que por ejemplo se podrían plantear preguntas sobre el sistema de salud público y privado que no han funcionado o no han tenido controles durante la pandemia.

Algunos gremios sindicales apoyarían que dentro del cuestionario planteado por Lasso se incluyan soluciones para enfrentar la situación que atraviesa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la deuda que mantiene el Estado.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, incluso sugiere al presidente regresar a ver a su propio plan de Gobierno y consultar a los electores sobre las propuestas que todavía no están en ejecución. Recuerda, eso sí, que temas como la eliminación del CPCCS están descartados en una consulta popular, por decisión de la Corte Constitucional.

Zobeida Aragundi

Comisión anticorrupción

“Pese a que no es la primera vez que se plantea una reforma judicial, la idea es bienvenida porque en las anteriores no han dado resultado. Para que funcione, es obligación de la sociedad civil involucrarse y observar un proceso de este tipo”.

Mauricio Alarcón

Ciudadanía y Desarrollo

“En los últimos 43 años hemos visto varios intentos de reformar la justicia y lo único que hemos obtenido es un cambio de mano y poder de control de la justicia. Si se piensa en eso se debe involucrar desde el origen a actores probos del sistema” .

Vladimiro Álvarez

Exministro de Gobierno

“Está bien que el presidente apunte a mejorar el ejercicio de otras funciones del Estado, sin que implique intervenir en las acciones que corresponden a dichas funciones. Eso evitará que sucedan situaciones como las del pasado reciente”.

José Villavicencio

Dirigente Sindical

“Es aventurado el pronunciamiento del presidente porque hay temas urgentes por resolver como el de salud. Es algo absurdo consultarle al pueblo si está de acuerdo con un nuevo código de trabajo aunque no significa que va a tener empleo” .