El 2021 ha sido un año de transición, con la elección de un nuevo presidente del Ecuador, y nuevos asambleístas que han ido marcando un rumbo intenso, entre juicios políticos, rupturas de acuerdos legislativos y más.

A finales del 2020, inició de manera no oficial, la campaña electoral para las presidenciales de este 2021, que traería grandes retos, entre ellos el control de una crisis carcelaria que venía presentándose desde el gobierno de Lenin Moreno, la carrera por una rápida vacunación que permitiera controlar el covid-19 y el ajustado presupuesto estatal para la ejecución de obras y políticas públicas.

Finalmente, Guillermo Lasso sería el ganador de la contienda electoral contra Andrés Arauz en la segunda vuelta, y a partir del 24 de mayo trazaría un camino protagonizado por los acuerdos y desacuerdos políticos.

• ELECCIONES 2021: ECUADOR ELIGE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y ASAMBLEÍSTAS

Con 16 candidatos presidenciales inscritos oficialmente en el 2020, la segunda vuelta electoral llegó con importantes incertidumbres. El 7 de febrero el Consejo Nacional Electoral da conocer los primeros resultados del conteo rápido, en los que figuraban Andrés Arauz, candidato por UNES y Yaku Pérez, candidato por Pachakutik como los más votados para pasar a la segunda vuelta.

La siguientes semanas se convirtieron en una pugna por decidir entre Guillermo Lasso, candidato de la alianza CREO-PSC y Yaku Pérez para conocer quién definitivamente pasaba a la segunda vuelta. Finalmente, el conteo oficial arrojó como resultado que sería Lasso quien se enfrentaría al candidato del correísmo, con una diferencia de apenas menos medio punto porcentual.

Ya el 11 de abril, cuando se da la contienda electoral entre el candidato del correismo y Lasso, terminó confirmándose el anuncio de la victoria de quien había sido ya tres veces candidato a la presidencia de la República.

La historia en las elecciones para los asambleístas fue bastante diferente. Es muy común que el candidato presidencial es quien logre tener la mayoría de curules de su mismo partido en la Asamblea Nacional, sin embargo esta vez fue distinto..

La coalición Unión por la Esperanza (UNES) fue la que consiguió tener la mayoría de espacios en el legislativo con 48 asambleístas encabezados por Pierina Correa, la hermana del ex presidente Rafael Correa, como la más votada de todo el país.

Pachakutik es el movimiento que consiguió posicionarse en segundo puesto por su cantidad de asambleístas que llegaron al legislativo con un total de 28.

Por otro lado, CREO, el partido de Guillermo Lasso, pasó de tener 32 asambleístas en el 2017 a solo 12, lo que significaba que tendría la insuficiente cantidad de votos necesarios para poder aprobar sus proyectos de ley, es decir, el partido de Guillermo Lasso estaba obligado a hacer acuerdos legislativos internos que le permitan llevar a cabo su plan de gobierno.

• RUPTURA DE ACUERDO LEGISLATIVO UNES-PSC-CREO

El Partido Social Cristiano y el movimiento CREO se habían aliado durante la campaña presidencial con la finalidad de hacer una fuerza política que les permita ganar la presidencia de la República.

Durante la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional el PSC propone la candidatura del legislador Henry Kronkle para la presidencia del parlamento, sin embargo, al momento de la votación no tuvo el apoyo del movimiento CREO el cual se abstuvo.

Parte de ese acuerdo legislativo también incluía a los asambleístas pertenecientes al movimiento UNES. El 14 de mayo de 2021, el PSC anuncia que da por terminada su sociedad con el movimiento CREO, indicando, a través de un comunicado, que el presidente Guillermo Lasso se había comprometido a apoyar la candidatura del asambleísta social cristiano.

En el mismo comunicado el PSC recuerda las palabras del propio presidente electo en las que dice que en el "Ecuador del encuentro no pueden quedar fuera el 47.5% de los ecuatorianos que votaron por UNES ni sus 49 legisladores". La lista seis había asegurado que era el fue el mismo Lasso quien había promovido ese acuerdo.

La sesión tuvo que ser suspendida para que el día siguiente, el 15 de mayo de 2021, Guadalupe Llori y de Pachakutik fuera designada como la nueva presidenta del legislativo en el pleno del parlamento, con 71 votos a favor, respaldada por su movimiento, CREO, Izquierda Democrática y otros

• CRISIS CARCELARIA

El 2021 puede ser considerado el año más violento en las cárceles del Ecuador. Los episodios de violencia no han dado tregua durante los últimos tres años en el que se han registrado más de 300 muertes violentas durante todos los enfrentamientos que se han dado dentro de los centros de privación de libertad del país, por supuestas pugnas entre bandas y organizaciones delictivas internas.

Estos sucesos se presentan con gran protagonismo desde el 2020 con el asesinato de Jorge Luis Zambrano alias 'Rasquiña', líder de la organización 'Los Choneros'. La llegada de un nuevo gobierno, evidentemente, no evitó la continuidad de estos amotinamientos en las cárceles.

En julio del 2020 se da el primer enfrentamiento penitenciario que tuvo que encarar el gobierno de Guillermo Lasso. Los incidentes que se produjeron en las cárceles de Cotopaxi y en la Penitenciaría del Litoral en Guayas.

A finales del mes de septiembre, 118 privados de libertad fallecieron, en la que hasta hoy es en la mayor masacre penitenciaria que haya sido registrada en la historia contemporánea del Ecuador.

En la madrugada de ese incidente, la Penitenciaría del Litoral fue atacada presuntamente con drones que habrían lanzado explosivos al interior del centro carcelario. Los moradores cercanos a la zona anunciaron a través de redes sociales haber escuchado las detonaciones que se daban en el lugar.

Este conjunto de episodios violentos obligó a Guillermo Lasso anunciar el Estado de Excepción en todas las cárceles del país con el objetivo de “recuperar el control de la Penitenciaria del Litoral y evitar que estos hechos se repitan en algún otro centro penitenciario”.

Sin embargo los esfuerzos del gobierno y de la SNAI fueron insuficientes, ya que en noviembre se produjo otro incidente dentro de la misma cárcel. La Fiscalía del Ecuador había reportado que al menos 68 privados de la libertad fallecieron y otros 25 resultaron heridos.

En este caso fue el Pabellón 2 el que fue atacado, que se encontraba con más de 700 personas dentro de esa zona, en el que usaron además de armas, detonaciones para poder acceder a dicho pabellón.

Tanto ha sido el impacto de la mayor crisis penitenciaria que ha tenido el país en los últimos años, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió visitar las cárceles del Ecuador y hacer un llamado urgente para adoptar “medidas inmediatas y efectivas para poder garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de quienes están bajo la custodia del sistema penitenciario ecuatoriano”.

• JUICIOS POLÍTICOS 

La Asamblea Nacional durante este 2021 ha puesto los ojos sobre aquellos funcionarios públicos que de alguna u otra forma han incurrido en actos que obligan al legislativo a iniciar juicios políticos según lo establece la Constitución de la República.

Juan Carlos Zevallos

El primer funcionario en ser censurado fue el ex Ministro de Salud Juan Carlos Zevallos, que con 129 votos el pleno de la asamblea en febrero, decidió que no podía volver a ejercer cargos públicos por dos años.

El legislativo determinó que Zevallos incurrió en el incumplimiento de funciones de nueve causales las cuales están relacionadas directamente con el manejo de la salud pública durante la pandemia en el 2020

El ex ministro no se presentó a comparecer al pleno de la Asamblea, por lo que el presidente de la Comisión de Fiscalización de ese entonces, Elio Peña, consideró que Zevallos tuvo un "manejo negligente y hasta criminal de la emergencia sanitaria”.

Pablo Celi

El siguiente en la lista es el excontralor Pablo Celi. Un juicio político impulsado directamente por la bancada correista.

Celi fue llamado a juicio político dado que la Fiscalía informó que investigó durante aproximadamente un año y medio la posibilidad de la existencia de una estructura de corrupción que operaba dentro de la Contraloría General del Estado con la finalidad de exigir pagos indebidos a cambio de el posible desvanecimiento de glosas y pagos por ciertos contratos que habían sido suscritos por Petroecuador y otras empresas entre el 2017 y el 2020.

Además la Fiscalía también comunicó a la Asamblea que habían otras 18 investigaciones contra el ex contralor, entre las que se encuentran por posible delito de tráfico de influencias, fraude procesal, peculado, entre otros.

Celi fue censurado por unanimidad en la Asamblea Nacional el 16 de agosto de 2021.

Freddy Carrión

Tras conocerse que el ex Defensor del Pueblo, Fredy Carrión, presuntamente haya participado en un abuso sexual, los asambleístas Ricardo Vanegas, de Pachakutik, y Yeseña Guamaní, de la Izquierda Democrática, impulsaron el proceso de juicio político contra él.

Varios de los argumentos que se dieron para llevar a cabo este juicio político fueron el supuesto mal uso de bienes públicos y el incumplimiento del estado de excepción en la pandemia, dado que Carrión habría utilizado vehículos estatales para movilizarse a una reunión social.

Carrión estuvo detenido desde el 16 de mayo en la Cárcel 4 de Quito por el supuesto delito de abuso sexual.

El juicio político contra Freddy Carrión llega luego de que la Defensoría del Pueblo presentara un informe sobre los sucesos acontecidos en las manifestaciones de octubre del 2019 en el que se reportó que el Estado ecuatoriano habría cometido delitos de lesa humanidad contra más de 2500 víctimas.

Finalmente el miércoles 15 de septiembre la Asamblea Nacional con 75 votos a favor censuró y destituyó a Fredy Carrión como Defensor del Pueblo.

René Ortiz

Tres días después, el 17 de septiembre inicia un proceso contra el ex Ministro de Energía René Ortiz por unanimidad de la Comisión de Fiscalización.

René Ortiz fue censurado y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por dos años el 26 de octubre, debido a un incumplimiento de funciones del control en el cobro de las planillas de energía eléctrica durante la pandemia por COVID-19.

Además se vinculó a Ortiz con los decretos que llevaron a la eliminación de subsidios de los combustibles del país.

Víctor Anchundia

El pasado 3 de diciembre y la Comisión de Fiscalización envió un informe a la presidenta de la Asamblea Nacional recomendando el juicio político y la destitución del superintendente de compañías Víctor Anchundia.

La Comisión determinó que era necesario que la superintendencia haga una verificación y auditoría sobre la información relacionada con las empresas de seguros, dado que aquí podría darse un "mercado ilegal" para negociar valores en el Ecuador.

El famoso caso Isspol evidencia que habría estado funcionando un 'mercado paralelo' con las operaciones que este entidad realizaba.

• DESTITUCIÓN DE YUNDA COMO ALCALDE DE QUITO

El 3 de junio el Consejo Metropolitano de Quito resuelve la destitución del alcalde de la capital Jorge Yunda, quien habría estado siendo investigado por posibles casos de corrupción principalmente relacionados con el manejo de la emergencia sanitaria y el posible vínculo de estos actos con su hijo.

Meses antes la Contraloría General del Estado había emitido un informe con indicios de responsabilidad penal contra Yunda por la compra de 100 mil pruebas PCR. Esto por no haber especificado y justificado la necesidad de esta adquisición.

Con 14 votos a favor, los Concejales del Distrito Metropolitano de Quito decidieron que Yunda sea removido de su cargo, que ya desde febrero mantenía un grillete electrónico como medida sustitutiva la prisión preventiva, por el proceso de tráfico de influencias que se estaba siguiendo contra él.

El Consejo Metropolitano de Quito inicia el proceso de remoción de la mano con el Tribunal Contencioso Electoral.

Jorge Yunda recurrió a la vía constitucional y presentó una acción de protección, en la que, finalmente la Corte Provincial de Pichincha ratifica a Yunda como alcalde de Quito y además señala en su sentencia que se deja sin efecto el proceso de remoción.

Tras una acción extraordinaria de protección presentada ante la Corte Constitucional, esta es admitida y se emite un fallo a favor de Santiago Guarderas para que este sea designado como Alcalde de Quito y así dar por terminada la remoción del cargo de Jorge Yunda.

• PANDORA PAPERS

12 millones de documentos fueron filtrados por una investigación periodística que incluía más de 330 políticos de 90 países en los que se revela una compleja estructura de negocios para mover dinero a través de uso de propiedades y empresas fantasmas en los paraísos fiscales.

Quienes se encuentran dentro de este listado habrían utilizado compañías secretas creadas exclusivamente para poder ocultar las grandes riquezas de ciertos grupos de élite en los famosos paraísos fiscales. En alguno de los casos, esto podría significar la evasión de impuestos o incluso un posible lavado de dinero.

Entre las personas de este listado aparece el nombre de Guillermo Lasso, el Presidente de la República, lo cual sería una causal de destitución de su cargo según lo señala la Constitución, ya que el mandatario no puede tener ninguna propiedad en estos países..

La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional decide aprobar un informe no vinculante señalando que el primer mandatario habría incumplido en la ley para ser candidato a presidente, por lo tanto sugiere iniciar el proceso para su destitución.

La norma prohíbe a candidatos y funcionarios tener inversiones en paraísos fiscales.

Por su parte, Guillermo Lasso, en una carta dirigida a esta comisión, negó tener empresas en los paraísos fiscales, puesto que habría cedido todos los derechos y el poder de estas sociedades a terceras personas y que por lo tanto ni al inscribir a su candidatura presidencial hasta el día de hoy ha estado inmerso en esa prohibición .

Finalmente el pleno de la Asamblea concluye que no hay indicios de que el jefe de Estado incumpliera con esta norma de tener activos en territorios con una libre tributación, por lo tanto el 7 de diciembre se archiva el expediente.

En la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se determinó que Lasso recurrió hasta a 14 sociedades financieras en Panamá y Estados Unidos.