El primer proyecto a la Asamblea. El presidente Guillermo Lasso presentó al Legislativo la Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación en reemplazo de la Ley de Comunicación vigente, que para el primer mandatario debe ir directo “al tacho de la basura de la historia”. Bajo el paraguas de esa norma, reformada durante la gestión de Lenín Moreno, los medios fueron sancionados.

Lasso acoge la esencia de algunos aspectos de la actual norma, rescata algunos artículos y propone eliminar otros. Aquí un desglose de lo que se propone aprobar, eliminar y mantener, tal como está presentada la propuesta. Esta puede sufrir modificaciones en el transcurso del debate hasta su aprobación o no en el pleno.

1. Lo que plantea aprobar.

En catorce artículos, la propuesta condensa varios principios de la comunicación como el autorregulación. Le entrega a los medios de comunicación la facultad de regular su propio comportamiento a través de códigos de éticas y políticas editoriales. Esto, antes de la reforma de 2019, lo vigilaba la Superintendencia de Comunicación que desde 2013 hasta el 2018 emitió multas por casi 3 millones de dólares en contra de medios de comunicación. Además, mantiene los derechos a la réplica o respuesta, a obtener copias de programas o impresos, a la protección de comunicaciones personales, a la comunicación intercultural y plurinacional y al acceso a las personas con discapacidad. Se respeta el derecho de los periodistas a la cláusula de conciencia, a la reserva de la fuente y al secreto profesional.

2. Lo que propone eliminar.

La iniciativa presidencial plantea derogar desde el artículo 1 al 91.4 y desde el 104 al 119 de la Ley de Comunicación vigente. Dentro de esos apartados legales están los que crean y brindan atributos al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación entre cuyas facultades está la de regular la difusión de contenidos violentos, y con otras características, en los    medios    de comunicación televisivos, radios y prensa escrita. También propone eliminar las franjas horarias, y la clasificación de contenidos entre informativos, de entretenimiento, opinión, deportivos y otros. El presidente Lasso va más allá y también plantea derogar el artículo 182 del Código Integral Penal que sanciona el delito de calumnia con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. Fundamedios recoge algunos casos de periodistas denunciados bajo este artículo. Uno de ellos es el del periodista de radio Zapotillo, José Rengel, quien fue denunciado por el exdirector cantonal de Alianza PAIS en Loja, Luis    Cartuche, tras increparlo en redes sociales. Y así varios casos.

3. Lo que salva

La primera y segunda disposición reformatoria salvan algunos artículos de la ley vigente, específicamente, los que regulan la publicidad y el espectro radioeléctrico desde los artículos 91.5 hasta el 118 bajo el nombre de Ley Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico. Salva los artículos que fomentan la producción nacional. Por ejemplo, se mantiene la obligatoriedad para las radios de emitir al menos el 50 % de su contenido con espacios destinado a la emisión de música producida, compuesta o ejecutada en el Ecuador, o en el extranjero por intérpretes, compositores o artistas ecuatorianos que residan en el extranjero.

El proyecto de ley debe pasar por la calificación del Consejo de Administración Legislativa y, de reunir los requisitos, será derivado a la comisión especializada que disponga el Consejo de acuerdo a la temática. El reto del Gobierno está en  encontrar el consenso para su aprobación. Lo tiene de su bloque, falta el resto.

Unos pulgares arriba y otros abajo para la iniciativa

La Asamblea Nacional oficializó la recepción del proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación por parte del Ejecutivo que ahora deberá pasar por el trámite legal, pero de inicio ya produce algunos puntos encontrados desde algunos asambleístas.

El legislador Luis Almeida, de las filas socialcristianas, empieza resaltando la propuesta del Ejecutivo de intentar tirar abajo a la que calificó como una “Ley mordaza”, refiriéndose a la Ley de Comunicación. Dejando claro ese punto, cree que hay aspectos que se pueden perfeccionar. “Hay que precisar algunas cosas como las concesiones (de frecuencias) que se han dado y hay que dejar establecida la renovación... Hay que hacer precisiones porque no es posible que a la empresa familiar se la deje sin protección luego de 15 años. Esta es una empresa familiar que hay que potenciarla y el correísmo la perseguía. Esa es la gran verdad”, puntualizó también el radiodifusor.

La legisladora por la alianza Unión por la Esperanza, Vanessa Freire, dijo que el análisis de la ley será sobre la base de que los artículos vayan en beneficio de la ciudadanía en general. “En el tema de la comunicación hemos visto que en estos últimos años, no todo pero cierto sector de la prensa no daba las noticias acorde a la realidad que estábamos viviendo como lo que pasó en octubre de 2019”.

El asambleísta Marlon Cadena, de la bancada de la Izquierda Democrática, en un vistazo rápido al proyecto de ley cree que una iniciativa como esta no debe contener cambios superficiales o cosméticos. “No soy partícipe de esos maquillajes. Hemos tenido casos de proyectos que han sido puestos sobre la mesa debido a la urgencia y coyuntura y han terminado siendo motivo de aplausos y son construidos tras bambalinas. No tienen una razón de ser. Hasta lo que he revisado no plantea transformaciones importantes. Necesitamos revisarlo con mayor profundidad”.

El proyecto espera la calificación del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea para el inicio oficial de su debate.