Estamos presenciando un nuevo capítulo en la guerra perdida contra las drogas, que exhibe un conjunto de características originales que permiten hablar de una nueva etapa de este flagelo mundial que provoca, por un lado, muchos muertos y afectados física y mentalmente, y por otra parte, un incremento creciente y persistente de la demanda que genera grandes ganancias, las cuales benefician no solamente a los capos sino al sistema financiero internacional, incluyendo a los paraísos fiscales.

Hasta este momento, la Policía Nacional destaca por los medios de comunicación las grandes capturas de alijos de drogas que llegan hasta el momento a 70 t, lo que es un récord a nivel del Ecuador. Esta cifra nos permite realizar la siguiente lectura: primero, el gran crecimiento de la producción de cocaína en los países vecinos como también en Ecuador (laboratorios), así como el importante papel asumido por la costa ecuatoriana, convertida en área de bodegaje y “blanqueo” (dolarización) de los diferentes carteles globales que se han radicado en nuestro país.

Segundo, el nuevo papel asumido por el Ecuador como una área de importancia para la transportación de las drogas hacia sus lugares de destino, aprovechando los diferentes medios de transporte que brinda el proceso de modernización que se ha dado en el país en las últimas dos décadas.

Tercero, también plantea la reconstitución de las diferentes mafias presentes en el territorio nacional, que funcionan con criterios organizacionales de una empresa privada y se gestionan con un criterio empresarial.

Cuarto, también se destaca la afectación que la implantación y funcionamiento de estas mafias están provocando en las poblaciones pobres del perfil costero, en particular las amenazas y explotación que hacen a los pescadores para integrarlos en sus redes de transportación. La prueba fehaciente es el alto número de personas de esta categoría socio-ocupacional detenidos en prisiones centroamericanas y norteamericanas.