El Gobierno “castiga”

Uno de los mayores desatinos de este Gobierno de la “revolución ciudadana” es la fractura que ha creado entre el poder civil y la fuerza militar. El mal manejo de la relación se remonta a los momentos iniciales de su ejercicio, cuando decidió entregar el área energética a miembros de la cúpula marina. Esta medida, justificada por el oficialismo como necesaria para evitar un desangre de los recursos en ese sector de la economía nacional, fue sentida por integrantes de otras fuerzas como forma de granjearse incondicionalidades, mediante un favoritismo que alcanzó grados de indescriptible oscuridad y perjuicios. Incluso al interior del Ejército la concesión de innumerables obras a su Cuerpo de Ingenieros constituyó una decisión orientada a ganar adeptos en detrimento de un trato equilibrado a la totalidad de ese estamento.

La consecuencia inmediata de esa actitud gubernamental golpeó el sentimiento unitario en que se ha asentado el rol de las Fuerzas Armadas, como uno de los puntales de defensa de la soberanía interna y externa del país, y como uno de los instrumentos insustituibles en la lógica de la nación.

Pero como en nuestro país -a diferencia de lo ocurrido en Venezuela, en donde la milicia se convirtió en un núcleo pretoriano de protección personal y servil de su jefe a cambio de una política de manos abiertas para que sus líderes se enriquecieran- no ocurrió tal fenómeno, el economista Correa, prevalido de la enormidad indiscutible e incuestionable de las facultades que él mismo se arrogó, tomó el camino de proferir insultos, imponer penitencias y aplicar castigos a quienes se mantuvieron fieles a los dictados de la Constitución en el sentido de que las Fuerzas Armadas Ecuatorianas no son un simple grupo de genízaros al servicio de ninguna persona en particular, sino un puntal de la democracia y el Estado de derecho.

En este contexto debe ser leído el acontecimiento conflictivo como consecuencia de la intervención, sin base jurídica, del Gobierno sobre los recursos del Isffa.

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