La austeridad no se entiende de la misma forma en todo el aparato estatal. Las autorizaciones para que las entidades públicas arrienden inmuebles privados son un ejemplo que destaca. En los más de tres años de gobierno de Lenín Moreno se ha autorizado un gasto de más de 27,5 millones de dólares en rentas de propiedades del sector privado.

Eso pese a que el Ejecutivo cuenta con dos plataformas gubernamentales con espacios vacíos y hasta tiene 149 inmuebles en desuso, tal como informó este Diario el 30 de agosto pasado.

Entre septiembre de 2017 y junio de 2020, según el último reporte de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar), se registraron 1.575 autorizaciones de arriendos de inmuebles privados. Se trata de oficinas, bodegas, locales y parqueaderos.

Por esos bienes se estimó un gasto promedio anual de 27,5 millones de dólares.

EXPRESO consultó a la Secretaría Técnica por los bienes más requeridos por las entidades públicas. Las oficinas y bodegas son las más solicitadas.

En un ejemplo, el Consejo de Comunicación pidió dos oficinas para sus operaciones diarias. Luego de la eliminación de la Superintendencia de Comunicación, creada para controlar a los medios durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, se trasladó el consejo hasta esas instalaciones ubicadas en Quito.

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) también figura en la lista de solicitantes, aunque hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta sobre la justificación de esos arrendamientos. En el periodo mencionado, según Inmobiliar, la empresa pública pidió 22 permisos para rentar agencias, bodegas, archivos, oficinas y parqueaderos.

Entre las instituciones públicas que más permisos solicitaron está el Ministerio de Gobierno. Las fusiones y cambios ordenados por el presidente Lenín Moreno para optimizar el gasto presupuestario provocaron que haya 348 pedidos de autorización solo en esa Cartera de Estado. Además de oficinas y bodegas, la entidad que dirige María Paula Romo pidió lugares para atención y adiestramiento de caballos, terrenos y patios para la retención de vehículos.

Al ser consultados por las motivaciones detrás de los arrendamientos cuando hay bienes improductivos, los voceros de las entidades explicaron que muchas de las operaciones de una determinada entidad requieren de características específicas y ubicaciones precisas. No cuenta, por ejemplo, que se cuente con oficinas en la Plataforma Gubernamental Financiera, en el centro-norte de Quito, cuando se necesita una oficina para atención ciudadana en la frontera sur del país.

Inmobiliar, según el personal a cargo de las autorizaciones, estudia la necesidad del arrendamiento y cruza los datos con los inmuebles disponibles. Incluso se hacen valoraciones económicas para reducir los montos que solicitan las entidades estatales.

Un ejemplo es el del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Solo en 2019, la entidad pidió la renta de seis inmuebles e Inmobiliar otorgó cuatro porque dos se ajustaban a las características que cumplían bienes públicos que estaban disponibles.

En el periodo mencionado, además, Inmobiliar generó ahorros cercanos a los 700.000 dólares por los ajustes que se hicieron a los pedidos de remodelaciones que hizo el sector público.

También hay gastos que están por fuera del análisis de Inmobiliar. La Contraloría General del Estado tuvo que rentar espacios luego de las protestas de octubre del año pasado. Durante las manifestaciones en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles, un grupo de ciudadanos encapuchados incendió el edificio matriz del ente de control, en dos diferentes días. Por eso, sus empleados fueron trasladados a dos edificios en Quito.

El pago de esos espacios, sin embargo, no es cubierto por el Estado. La Intendencia de Seguros determinó que esa cobertura es parte de las obligaciones de la empresa Seguros La Unión, fue contratada por la Contraloría en febrero de 2019 para asegurar bienes valorados en unos 41 millones de dólares.

Ese pago, sin embargo, aún no se concreta porque las partes siguen en una disputa legal.

En agosto, la Intendencia de Seguros determinó que La Unión debía pagar 13 millones de dólares por los daños -y los arriendos- que reportó la Contraloría.