Nuevamente la urgencia. El Gobierno del presidente Guillermo Lasso volvió ayer a hablar de convocar a una consulta popular, esta vez con la inseguridad como eje central. Será el tercer intento, luego de los dos anteriores que no prosperaron.

En Carondelet el movimiento para empezar a definir el eventual cuestionario empezó ayer muy temprano. El reto, según el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, era reducir de treinta a diez los temas a ser preguntados. La idea es que estén listos la siguiente semana.

Por ahora todos son supuestos como en el primer y segundo intento. ¿La extradición será consultada? “Es una posibilidad. Sabemos que una de las principales luchas que tenemos es contra el crimen organizado y el narcotráfico. El enfoque de la consulta popular va a tener que ver con los temas de seguridad”, dijo Jiménez.

También, habría un eje político como el de la reducción en número o la bicameralidad de la Asamblea Nacional o la reformulación de las facultades que actualmente tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que últimamente le ha dado problemas al Gobierno.

Uno de los primeros en llegar al Palacio de Gobierno fue el flamante secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, que señaló que se tratan de preguntas con las que se buscarían cambios en normas que están incidiendo en la capacidad del Estado para hacer frente a la inseguridad.

El funcionario negó que traer a colación nuevamente el tema de la consulta popular, con la inseguridad como tema central, esté relacionado a los hechos de violencia registrados el fin de semana en Guayaquil.

“El Gobierno tiene una estrategia global que se la viene desarrollando desde hace largo rato y no desde lo que sucedió el domingo. Lo inmediato fue la declaratoria de estado de excepción y la acción de una fuerza de tarea conjunta. La otra es una solución estructural”, aseguró Ordóñez.

El expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, dijo que esta sería una buena posibilidad para que el Gobierno pregunte sobre temas que han encontrado trabas en otras instancias como la Asamblea como el uso legítimo de la fuerza o incluso el porte de armas para ciertos sectores.

Según Jiménez, la propuesta es que sea una consulta popular, más que un referendo, pero el exministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, le dijo a EXPRESO que si se busca modificar textos legales y constitucionales el camino a seguir es el segundo.

¿Cuándo se desarrollaría la consulta? El Ejecutivo no descarta que pueda ir a la par de las elecciones seccionales y del CPCCS de 2023. Para algunos analistas esta puede ser una apuesta arriesgada a la que se sumaría la baja popularidad del presidente Lasso que, según la última encuesta de la empresa Click Report, tiene una aprobación de gestión del 28 %.

Sin embargo, tanto Aguinaga como Álvarez coinciden en que si las preguntas están bien planteadas y la ciudadanía percibe que pueden ser la solución a la situación de inseguridad que vive el país, alcanzarían resultados favorables para los fines del Gobierno.