El gobierno se justifica. El fin del estado de excepción significa más responsablidades para los municipios -que deberán realizar los operativos de control de uso de suelo, restricciones de la movilidad vehicular y hasta campañas de información- pero las autoridades nacionales aseguran que la carga no será mayor ni existirán gastos elevados.

El Ministerio de Economía y Finanzas dijo a EXPRESO que semanalmente se generan pagos (según la disponibilidad de recursos) a favor de los gobiernos autónomos descentralizados para la atención de la emergencia sanitaria derivada de la propagación del coronavirus.

Al 11 de septiembre, afirmó el Ministerio que dirige Richard Martínez, se han pagado 1.166,9 millones de dólares a municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Para todo el año, el presupuesto promedio supera los 3.000 millones de dólares.

Finanzas recordó, además, que existe la posibilidad del pago de deudas con los gobiernos seccionales por medio de bonos del Estado. Esa alternativa aún está en discusión.

Finanzas no es el único que respondió a los reclamos de los municipios. El director del Servicio ECU911, Juan Zapata, aseguró que la situación económica de todo el país es compleja y se debe entender. "Todos debemos ser solidarios", puntualizó.

El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), dijo Zapata, sigue apoyando a los municipios por medio de operativos y cooperación. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por ejemplo, siguen trabajando en los controles en Quito, la ciudad con mayores gastos y casos confirmados de la pandemia.

El funcionario aclaró, en entrevista radial con A Primera Hora, que no se descartaría retornar a medidas de restricción y aislamientos en caso de que se eleven los casos de coronavirus en determinadas localidades.