El Gobierno, con 30.000 burocratas en exceso

Reducir la masa salarial. Ese es uno de los retos que el Gobierno deberá afrontar en el marco del acuerdo que busca sellarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los seis organismos multilaterales, que fue anunciado la semana pasada.

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, aseguró que esa será una de las acciones que deberán ejecutar para reducir el déficit fiscal, es decir el dinero faltante que se genera porque los ingresos del Estado no alcanzan a cubrir todos sus gastos.

El objetivo para este año es lograr que el déficit en el sector público no financiero (Gobierno central, empresas públicas y el resto del gobierno general) llegue a cero. El año pasado, el déficit en este segmento fue de 1.000 millones de dólares.

En los primeros anuncios, las autoridades todavía no mencionaban cifras específicas, metas ni plazos. No obstante, algunos números comienzan a aparecer.

El viceministro de Economía y Finanzas, Santiago Caviedes, en entrevista radial mencionó una cifra preliminar: un recorte de unos 30.000 empleados públicos necesita actualmente el Gobierno para reducir el gasto en el rubro de sueldos y mantener los diferentes servicios que brinda el Estado.

“A instituciones que tienen exceso de personal habría que pedirles que no colaboren con el Estado porque simplemente no hay una justificación para hacerlo”, dijo Caviedes.

EXPRESO consultó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la cifra y la confirmó, aunque aclaró que se trata de “una expectativa” y no hay medidas en firme ni decisiones específicas al respecto.

Otra medida que se analiza para reducir gastos en sueldos, señaló el viceministro, será la contratación con menores salarios a trabajadores que ingresen a reemplazar a servidores públicos que se jubilen.

¿Cuánto representan 30.000 trabajadores? Según el Ministerio de Trabajo, el año 2018 cerró con cerca de 450.000 empleados públicos. Es decir, unos 30.000 trabajadores menos sería un ajuste del 6 % de empleados públicos.

Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, la salida de 30.000 trabajadores públicos es una cifra ambiciosa y posible.

Según sus cálculos, el recorte puede representar para el Estado un ahorro cercano a los 450 millones de dólares al año. La medida podría significar el cierre de algunas instituciones públicas, consideró el analista.