La fusión de entidades agravó el descontrol minero en Ecuador

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La fusión de entidades agravó el descontrol minero en Ecuador

La Constitución, la Ley Minera y el Cootad ratifican que es una responsabilidad del Gobierno central.  Existe institucionalidad débil

Actividad en una mina legal de Portovelo, cerca de Zaruma, ahora en crisis por la falta de control.
Actividad en una mina legal de Portovelo, cerca de Zaruma, ahora en crisis por la falta de control.Christian Vásconez / Expreso

Las declaraciones del presidente Guillermo Lasso contra el alcalde de Zaruma, Jhansy López, levantaron una polvareda de opiniones a favor y en contra del mandatario que abrieron el debate sobre las competencias, obligaciones y tareas de cada entidad en el tema minero.

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A propósito de esa polémica, EXPRESO ha consultado la ley y ha entrevistado a expertos en materia legal que permitan recordar quién es quién en el tema del control.

En el camino de este trabajo saltaron algunos antecedentes que son relevantes para efectos del análisis, como el hecho de que en el Gobierno de Lenín Moreno se fusionó la antes Agencia de Regulación y Control Minero con otras entidades y pasó a convertirse en lo que ahora se conoce como “Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables” (Arcern). Rimbombante, con más trabajo, pero menos presupuesto y capacidad operativa.

Así lo explica a EXPRESO el experto en derecho minero, síndico de la Cámara Nacional de Minería y de ese ente en Zaruma, Nelson Murillo, quien recuerda que, por ley, “los minerales son competencia exclusiva del Estado central”.

Tanto la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, como el mandatario, increparon al alcalde de no planificar la ciudad. La primera dijo que “ni siquiera hay un plan de uso de suelo y zonificación” y el segundo, que Jhansy López no ha sido capaz de “delimitar el territorio urbano de Zaruma”. Algo que ha sido desmentido por él.

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El síndico de la Cámara explica que, efectivamente, el Cabildo tiene la obligación de controlar la superficie, pero insiste en que es (Arcern) sobre la que recae el control absoluto de la actividad minera.

La Constitución, la Ley Minera y el mismo Código Orgánico de Ordenamiento Territorial clarifican las competencias.

Para Murillo, no hay cómo perderse, solo hay que leer la ley. Dice además que la Fiscalía tenía la obligación de seguir las denuncias presentadas por el alcalde y la sociedad civil y asegura que, de lo que conoce, “no hay un solo sancionado”. De allí que desde su óptica “ha habido desidia del Gobierno, de la Arcern y de la cartera de justicia”. Este medio solicitó una entrevista y datos a las dos entidades. Siguen en trámite.

En días pasados, EXPRESO realizó un recorrido dentro de una mina.

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Hay responsabilidad también, reconoce, en los titulares de las concesiones que no denuncian la actividad ilegal cuando la detectan.

Para el asambleísta Juan Cristóbal Lloret (UNES), miembro de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, es evidente la incapacidad operativa de las entidades a las que atañe el control.

Al desaparecer la Arcom se perdió un gran aparataje de control. Es deficiente.

Nelson Murillo,

síndico de la Cámara de Minería.

“Como ya no hay un ministerio especializado tampoco, el mismo informe que presenta el Ministerio de Gobierno tras el socavón da cuentas de que no se ha ejecutado mayor acción, además de evidenciar un déficit presupuestario”.

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“Esto es un evidente lavado de la manos del Gobierno. La competencia directa, según la ley, recae sobre el Gobierno central. El Presidente debe leer Constitución y los diferentes cuerpos normativos. Debe informarse”, sugiere.

El catedrático, constitucionalista y exlegislador Henry Cucalón, en cambio, entiende la indignación con la que Lasso le habló a Jhansy López. “Le pasó a los últimos presidentes. Todos los gobiernos seccionales tienden a extender reclamos al Ejecutivo, pero pocos son los que explican qué hicieron sobre una crisis”, observa.

Reconoce, no obstante, que el mayor peso de responsabilidad en este tema específico, por ley, lo tiene el Gobierno central; pero añade que si bien existe ese escenario, el Cabildo debió asegurarse de encaminar acciones para que se cumpla la ley. Ahora, sugiere debe haber estrategias mancomunadas.

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La experta en derecho ambiental Inés Manzano coincide con Cucalón al decir que López debió ser más fuerte en el reclamo que dice haber tenido. “Es quien está más cerca, quien lo ve todo. Su ciudad es patrimonial y está obligado a trabajar en su conservación. Y si no lo escucharon, debió gritar más fuerte”, advierte.

“Si veo que la casa se me hunde, debo hacer todo para salvarla. Todo, no lo necesario. Todo. Y todo implica llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa del cantón”, dice la experta.