MILITARES EN DROGAS
Anuncio. La cúpula militar ofreció investigaciones administrativas.CORTESÍA

Fuerzas Armadas desconocen sobre retiro de visas a 18 de sus miembros

Ofrecen aplicar las medidas disciplinarias a los involucrados 

El turno del retiro de visas de la Embajada de Estados Unidos parece haber llegado a las Fuerzas Armadas. Pero la institución no ha recibido una información oficial sobre las personas a quienes se les ha revocado las visas.

Al menos eso es lo que señaló Nelson Proaño Rodríguez, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En compañía de los comandantes de las tres ramas militares, el oficial ofreció declaraciones en el Complejo Ministerial de La Recoleta, en el centro sur de Quito. Indicó que en diversas plataformas y en las redes sociales circula información sobre la posible revocatoria de visas a 18 miembros de las FF. AA., en su mayoría integrantes de la Armada. 

El oficial señaló que la institución militar "respeta la decisión soberana" de los Estados de Derecho democráticos respecto del otorgamiento o revocatoria de visado". Añadió que ratifican el compromiso de "realizar los procesos disciplinarios para esclarecer acciones u omisiones contrarias a la norma en la que se hallen inmiscuidos miembros activos de las Fuerzas Armadas".

Adicionalmente el jefe del Comando Conjunto dio a conocer que el 14 de agosto de 2022, se realizaron las coordinaciones con la Fiscalía y la Policía para efectuar las inspecciones y verificaciones de los indicios encontrados por Inteligencia Naval por la presunta aprehensión ilegal de sustancias sujetas a fiscalización por parte de personal militar que tripulaba la lancha guardacostas “Isla Darwin”. En ese caso se dio una audiencia en la que se levantaron cargos en contra de ocho tripulantes.

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Ofreció que mientras los procesos judiciales en el ámbito penal se sustancian, de forma paralela se tramitarán los expedientes administrativos disciplinarios de acuerdo con la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas.

El año pasado Estados Unidos retiró visas a policías, abogados y otros profesionales por sospechas de involucramiento con temas de narcotráfico o de defensa de casos. Tras los exámenes especiales de los patrimonios a 25 generales de la Policía, dos oficiales en servicio pasivo y uno en servicio activo.