ALLANAMIENTO PREFECTURA
Diligencia. El pasado 2 de noviembre, en el primer día de feriado, la Fiscalía allanó la Prefectura en Quito.CORTESÍA

La Fiscalía recibirá la versión de Paola Pabón el 17 de noviembre

La prefecta es investigada por el posible delito de peculado en un expediente abierto de oficio. El caso está en la Fiscalía provincial de Pichincha

El próximo viernes 17 de noviembre, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, ha sido convocada a dar una versión en la Fiscalía de Pichincha.

La autoridad es investigada por el presunto delito de peculado que se habría configurado supuestamente en el caso de Soledad Padilla, excolaboradora del exvicepresidente sentenciado por corrupción Jorge Glas, y extrabajadora de la Prefectura.

Carlos Soria es uno de los defensores de la funcionaria. Afirma que fueron él y su cliente quienes pidieron fecha para la diligencia porque asegura que ella no tiene nada que ocultar y, en el caso de Padilla, todo fue legal.

Y para probarlo asegura que se remitió toda la información requerida por la Fiscalía cuando el pasado 25 de octubre, junto con el policía que llegó a notificar a Pabón con la investigación previa por posible peculado, llegaron también dos documentos con requerimientos de información relacionada con Padilla. (Lea además: "Fiscalía investiga un posible delito de peculado en la Prefectura de Pichincha")

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Eso ocurrió porque la Fiscalía había abierto de oficio un expediente para investigar el posible ilícito en el caso de Padilla tras la difusión de audios con diálogos atribuidos a Glas y a Padilla. En parte de estos hay referencia a la contratación en la Prefectura y la supuesta colaboración con Glas mientras estaba preso.

El día de la notificación, Pabón estaba fuera del país asistiendo a un encuentro internacional de autoridades seccionales. Soria explica que entre las cosas remitidas hay los informes de la creación de la necesidad del puesto en el que Padilla fue contratada por Recursos Humanos, la selección, el sueldo que recibía y documentos de los timbrajes y otros. El defensor cree que en el caso “se están inventando o están queriendo inventar el agua tibia”.

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Soria asegura que han colaborado con la Fiscalía desde el inicio de la investigación, por eso no entienden por qué el jueves 2 de noviembre se allanó la Prefectura.

La Fiscalía informó en sus redes sociales que allanaron “en Guayas el domicilio de una de las personas investigadas. Se levantan indicios electrónicos y también documentos que permitirán continuar con la investigación”.

Añadió que en el edificio sede de la Prefectura se levantaron indicios de la oficina que habría ocupado una de las investigadas. También se intervino el área de tecnologías.

La diligencia habría sido parte de un acto urgente que inició a las 17:00 y concluyó a las 21:00. Entre los indicios que se habrían llevado los agentes están al menos cinco computadoras. Además de la verificación del sitio en el que Padilla laboraba y las entrevistas a sus excompañeros de trabajo. Soria piensa que es un caso político, aunque no se atreve a decir quién puede estar detrás.

Concluyó que la investigación será la que determine si hay algo penal o si se trató de un tema administrativo. 

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